La Policía Nacional del Perú (PNP) presentó esta semana el balance de sus principales acciones entre enero y junio del 2026. Según la institución, en ese lapso fueron desarticuladas 132 organizaciones criminales y 7.371 bandas delictivas. Además, se incautaron 3.827 armas de fuego, se recuperaron 7.997 vehículos y se decomisó droga y mercadería de contrabando valorizada en más de S/294 millones.
Sin embargo, el analista de datos Juan Carbajal advirtió que las cifras oficiales sobre extorsión presentan inconsistencias que generan dudas sobre su confiabilidad. "La primera observación que salta a la vista es que en la data oficial de la PNP-SIDPOL, entre enero y mayo del 2026 se registraban 7.694 denuncias por extorsión, pero ahora el nuevo reporte de enero a junio informa 6.659 casos. La pregunta es: ¿por qué disminuyó el número si se añadió un mes más al período?", señaló.
Carbajal también detectó diferencias en los datos históricos. Indicó que la misma PNP había reportado previamente 14.200 denuncias por extorsión entre enero y junio del 2025, mientras que el reciente balance reduce esa cifra a 13.901 casos. "Estamos viendo una modificación de registros oficiales sin una explicación pública", afirmó.
La falta de datos abiertos y transparentes dificultaría la evaluación del impacto real de las políticas de seguridad, lo que resalta la necesidad de un diagnóstico confiable en delitos graves.
El especialista señaló que las diferencias entre los registros policiales y los del Ministerio Público son notorias. Entre enero y mayo de este año, la Fiscalía ya reportaba 10.458 denuncias por extorsión, una cifra muy superior a la de la PNP para el mismo periodo. Siguiendo esa tendencia, estimó que al cierre de junio el Ministerio Público ya habría superado las 12.000 denuncias. "Mientras tanto, el balance de la PNP solo informa 6.659 casos en el mismo período", sostuvo. Para Carbajal, estas inconsistencias evidencian subregistros y retrasos en los datos policiales, lo que termina mostrando una aparente reducción del delito. "Los datos de la PNP denotan registros desfasados y con altos subregistros, visibilizando una tendencia errónea de reducción. Además, se perciben de manera inexplicable registros que de un mes a otro disminuyen", remarcó. El analista sostuvo que esta situación reafirma lo advertido por el INEI sobre las llamadas "cifras negras" del delito, es decir, aquellos hechos que no llegan a ser denunciados o que no quedan registrados oportunamente debido, entre otros factores, a la escasa confianza de la ciudadanía para acudir a las comisarías. "El reporte de la PNP solo muestra cifras absolutas y, como hemos observado, existe una gran contradicción en sus propios datos respecto a las denuncias por extorsión", indicó. En cuanto a los homicidios, Carbajal también expresó reparos sobre las cifras difundidas por la Policía. "Lamentablemente no existe data abierta para ser analizada", señaló. Explicó que, al comparar la información disponible en el Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF), sí se aprecia una reducción cercana al 10% durante el primer semestre del 2026 respecto al mismo periodo del año anterior, pero no del 25% reportado por la PNP. Carbajal concluyó que, pese a que los resultados operativos de la PNP —capturas, desarticulación de organizaciones criminales e incautaciones— son relevantes, la consistencia y transparencia de las estadísticas resultan fundamentales para medir el impacto real de las políticas de seguridad. Por ello, consideró necesario que la institución explique las diferencias detectadas entre sus propios reportes y publique bases de datos abiertas que permitan verificar la evolución de los principales delitos. “Tengo dudas al respecto porque no hay data abierta ni mucho menos información para compararla y revisarla por cada región. Caso contrario ocurre con el SINADEF”, afirmó. Además, advirtió que dicho sistema viene mostrando “una tendencia mensual en incremento de los homicidios desde abril en adelante”, aspecto que, según indicó, no aparece reflejado en el balance policial. “Si las propias cifras oficiales cambian sin una explicación metodológica y existen diferencias significativas con los registros del Ministerio Público y el SINADEF, resulta difícil construir un diagnóstico confiable sobre el comportamiento de delitos tan graves como la extorsión y los homicidios”, concluyó.
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