El analista político Iván Arenas sostuvo en RPP que el próximo gobierno de Keiko Fujimori debería dotar de recursos económicos al Poder Judicial, Ministerio Público y a la Policía Nacional del Perú (PNP) para enfrentar la minería ilegal. Como parte de su propuesta, planteó una reingeniería institucional que incluye tres ejes: presupuesto, reingeniería interinstitucional y una metodología de trazabilidad para las intervenciones.
“Lo que necesitamos básicamente aquí es una reingeniería institucional, es decir, 3 cosas. La primera es presupuesto, reingeniería y interinstitucional, una institucional, y la otra es una metodología de trazabilidad de intervención entre todas las instituciones”, expresó en Ampliación de Noticias.
Arenas explicó que actualmente no existe una trazabilidad institucional que establezca pautas claras al momento de intervenir una minera ilegal. “Se debe hacer una trazabilidad entre esas instituciones. Para la intervención de minería ilegal no hay una trazabilidad, que es una metodología que deberían tener todas las instituciones para hacer intervenciones de la minería ilegal”, señaló.
El especialista también propuso un cambio en la estrategia operativa, sugiriendo que se deje de declarar estados de emergencia por distritos para enfocarse en los “corredores de economía ilegal”. Como ejemplo mencionó el corredor del Marañón, donde confluyen la minería ilegal, el narcotráfico y el tráfico de armas, y recomendó un esquema de intervención estatal similar al que se aplica en el VRAEM.
“Lo que tiene que ver es un cambio en una metodología, que es cambiar de esta declaratoria una emergencia a distritos, a lo que se llaman los corredores de economía ilegal. [¿Sería un esquema similar al del Vraem?] Un esquema similar donde hay intervención del Estado, pero además esas instituciones deberían operar de manera interinstitucional, pero para eso tendría que tener una metodología”, expresó.
Arenas consideró necesaria esta reingeniería tras detectarse que miembros de la Policía Nacional y del Ejército han estado involucrados en brindar seguridad a mineros ilegales.
El especialista Iván Arenas, en declaraciones a RPP, señaló que el nuevo Congreso no debe ser parte "del toma y daca" que beneficia "la ilegalidad y informalidad" en el sector minero. En esa línea, planteó que se requiere una depuración técnica, legal y logística del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), estableciendo una fecha de cierre definitivo.
Arenas detalló que ya se realizó una depuración técnica del Reinfo, donde aproximadamente 50 000 registros fueron eliminados por estar suspendidos por más de un año. No obstante, quedaron cerca de 31 000 Reinfos: de ellos, 24 000 se mantienen vigentes y más de 6000 están en suspensión por menos de un año. “Entonces, tenemos que hacer una depuración de este Reinfo a nivel técnico, legal y logístico porque no es posible que los Reinfos en este momento operan de manera informal, pero también tienen un régimen informal laboral, en donde no respetan los estándares sociales ambientales”, sostuvo.
El especialista enfatizó que es urgente ordenar el proceso de formalización minera para evitar que los operadores sigan trabajando al margen de la ley, sin cumplir con las normas laborales ni ambientales. La propuesta apunta a que el próximo gobierno, liderado por Keiko Fujimori, impulse una reingeniería institucional que ponga fin a la permisividad con la minería ilegal e informal en el Perú.
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