Una denuncia por el presunto uso de un certificado laboral falso enfrenta el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Freddy Solano. El documento, fechado el 30 de noviembre de 2017 y revelado por el dominical Cuarto Poder, indica que Solano se desempeñó como jefe legal de la empresa Service JCU S.R.L. entre septiembre de 2016 y noviembre de 2017, con funciones vinculadas a procesos judiciales, laborales y licitaciones públicas. Esa experiencia habría sido determinante para que el funcionario accediera a la jefatura de la Sunafil y, posteriormente, a otros cinco cargos en el Estado.
Según el reportaje, el certificado permitió acreditar uno de los requisitos indispensables para asumir la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil): diez años de experiencia profesional, cinco años en el sector público y otros cinco en puestos de jefatura. Sin ese documento, el actual ministro no habría reunido las condiciones exigidas para ocupar ese puesto.
Sin embargo, el documento quedó bajo sospecha cuando Carlos Ubillús, gerente general de JCU S.R.L., remitió en junio de 2024 una carta al Ministerio de Trabajo. En ella, Ubillús aseguró que el certificado no había sido emitido por su empresa, que el logotipo, el membrete y la firma fueron adulterados, y que el documento consignaba erróneamente el nombre “Service JCV S.R.L.” en lugar de “Service JCU S.R.L.”. El gerente afirmó que Solano nunca fue contratado por la empresa y que la constancia no es auténtica.
Frente a las acusaciones, el ministro rechaza las imputaciones, afirma que sí prestó servicios en esa compañía y sostiene que será la investigación fiscal la que determine la verdad.
LA EMPRESA DESCONOCE EL CERTIFICADO
El caso tomó forma en julio de 2023, cuando el área de Recursos Humanos del Ministerio de Trabajo detectó presuntas irregularidades en la documentación del entonces funcionario. Meses después, la empresa involucrada respondió oficialmente al ministerio negando la autenticidad del certificado laboral. Ante las cámaras del dominical, el empresario Ubillús ratificó su posición: sostuvo que Freddy Solano nunca trabajó para su empresa y aseguró que el documento presentado no le pertenece. “No es mi firma, no es mi logo, no es mi membrete”, afirmó.
La defensa del ministro respondió rechazando las imputaciones. La abogada Sara Lozano aseguró que su patrocinado sí prestó servicios para esa empresa en Trujillo y negó que se haya elaborado o presentado documentación falsa ante el Estado. Añadió que existen recibos por honorarios, documentos suscritos con el representante de la empresa, una demanda presentada contra EsSalud y otros elementos que, según indicó, acreditan la relación profesional y forman parte de la investigación fiscal.
Tras conocerse la denuncia, Solano también emitió un comunicado en el que pidió respetar el debido proceso y la presunción de inocencia. Señaló que ninguna investigación en trámite permite afirmar la comisión de un delito y cuestionó que el reportaje omitiera información y medios probatorios que, según sostuvo, fueron entregados oportunamente.
EL CASO FUE ARCHIVADO EN LA VÍA ADMINISTRATIVA
El certificado laboral que se investiga no solo habría facilitado la jefatura de Sunafil, sino que también integró los expedientes con los que Freddy Solano accedió a cargos en el Ministerio de Educación, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Corpac y PromPerú. Aunque el procedimiento administrativo fue archivado, la investigación fiscal aún sigue en curso.
Según el reportaje, un informe técnico del 27 de mayo de 2026 determinó que existían elementos suficientes para iniciar un procedimiento disciplinario por la presunta falsedad del certificado. Dos días después, Solano juró como ministro de Trabajo, convirtiéndose en el superior jerárquico de quienes participaban en la investigación administrativa. Pese a la advertencia de la empresa en junio de 2024, el proceso avanzó lentamente y recién un año después se conformó una comisión ad hoc con el viceministro de Trabajo, el viceministro de Promoción del Empleo y la jefa de Recursos Humanos para evaluar el caso.
El 25 de junio de 2026, la Secretaría General del Ministerio de Trabajo declaró prescrita la potestad disciplinaria y ordenó el archivo definitivo por vencimiento de los plazos legales. En sus descargos, Solano solicitó que se declarara la prescripción y el archivo de las imputaciones, aunque, según el reportaje, no negó expresamente la falsedad del documento cuestionado. La defensa del ministro rechazó las acusaciones y sostuvo que no se ha elaborado ni presentado ningún tipo de documentación falsa.
Ahora será el Ministerio Público el que determine si el documento que habría permitido al ministro Freddy Solano construir una carrera en el Estado fue auténtico o si, como sostiene la denuncia, se trató de una constancia presuntamente falsificada. La investigación fiscal deberá esclarecer si ese certificado laboral falso le abrió las puertas del sector público. 
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