El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, confirmó que desde el próximo 7 de agosto derogará los principales mecanismos de la política de paz total impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro. En su segunda alocución dominical, el líder derechista aseguró que la estrategia de su antecesor representó "impunidad total" y adelantó que su administración desmontará los beneficios concedidos durante ese proceso. "La primera tarea será revocar desde el mismo 7 de agosto todas las prebendas que Petro les entregó a los narcoterroristas", declaró. De la Espriella anunció que creará un equipo especial para ejecutar estas decisiones desde el primer día de su mandato. Entre las medidas, firmará decretos para solicitar a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, la reactivación de todas las órdenes de captura suspendidas durante la aplicación de la paz total. Además, ordenará a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional ejecutar esas capturas una vez que entren en vigor. El futuro mandatario también indicó que a quienes permanezcan al margen de la ley solo les ofrecerá el sometimiento a la justicia dentro del marco legal vigente, descartando cualquier negociación similar a la impulsada por Petro.

Gobierno entrante prepara decretos

Abelardo de la Espriella confirmó que las primeras decisiones de su administración quedarán listas antes de la posesión presidencial. Entre ellas figuran la derogatoria de los mecanismos asociados a la paz total, la puesta en marcha del Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana y las actuaciones necesarias para ejecutar las órdenes de captura contra grupos armados. De la Espriella añadió que instruyó al equipo de empalme para preparar el desmonte de lo que calificó como una "maraña jurídica".

En paralelo, reveló que recibió una solicitud de sometimiento a la justicia presentada por José Palomino y Aldair Montalegre, señalados como cabecillas de la organización criminal Los Pepes, con presencia en Barranquilla y el departamento del Atlántico. Según explicó, solicitará a la Fiscalía la designación de un magistrado y un grupo de policía judicial que permita tramitar ese procedimiento.

Seguridad urbana divide a la clase política

El presidente electo también comunicó la creación del Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana, una iniciativa que buscará coordinar acciones entre las alcaldías de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga para enfrentar delitos como la extorsión, los atracos y los homicidios. La propuesta generó reacciones opuestas. El representante José Jaime Uscátegui, del Centro Democrático, respaldó la medida y afirmó que "la seguridad de los colombianos debe estar por encima de cualquier consideración". En contraste, el representante electo Óscar Benavides cuestionó la iniciativa al advertir que podría recordar experiencias del pasado vinculadas al paramilitarismo. En la misma línea, el senador Iván Cepeda expresó su preocupación por un eventual resurgimiento de esas estructuras.

Como parte de la estrategia económica que arrancará con el cambio de Gobierno, el mandatario electo anunció que enviará una delegación a Washington para avanzar en la refinanciación de la deuda pública y explorar nuevas fuentes de financiamiento. En paralelo, Gustavo Petro convocó a una jornada de movilizaciones el próximo 20 de julio, Día de la Independencia, para defender las reformas sociales impulsadas durante su mandato. A través de su cuenta en X, indicó que ese día ofrecerá su despedida pública como jefe de Estado e invitó a la ciudadanía a asistir al desfile militar y luego acompañarlo en un acto público. La convocatoria se da después de que el senador Iván Cepeda planteara organizar una "desobediencia civil" frente al nuevo Gobierno. En respuesta, De la Espriella advirtió que no permitirá bloqueos ni acciones que, según afirmó, alteren el orden constitucional.

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