La Defensoría del Pueblo inició una fiscalización de oficio luego de que el Poder Judicial dejara en libertad a Edward Honorato Soto y Álvaro Vallejos, dos investigados por presuntos delitos de explotación sexual contra menores de edad en el Callao. La decisión se tomó pese a que la Fiscalía presentó elementos como denuncias, audios y videos. Incluso, Vallejos se acogió a una terminación anticipada y admitió su culpabilidad, pero aun así recuperó su libertad.

Según la investigación de ATV, el Juzgado de Ventanilla rechazó el pedido de prisión preventiva contra Honorato Soto, solicitado por la Fiscalía Especializada en Trata de Personas. El magistrado argumentó que existían dudas sobre el consentimiento, debido a que las adolescentes tenían 14 y 15 años. Sin embargo, la madre de una de las menores denunció que su hija recibió amenazas y fue obligada a mantener relaciones sexuales. El expediente fiscal detalla que Honorato utilizaba identidades falsas para captar a las adolescentes, les ofrecía dinero y las intimidaba con revelar la identidad de sus familiares si no accedían a sus exigencias.

Familiares de las agraviadas expresaron su preocupación porque las adolescentes deberán volver a participar en diligencias fiscales mientras los investigados afrontan el proceso en libertad. La Defensoría del Pueblo, ante estas resoluciones judiciales, ha puesto en marcha una fiscalización para evaluar los casos.

Juez rechaza prisión preventiva a acusado de explotación sexual pese a pruebas contundentes El reportaje también difundió un audio donde el investigado solicitaba adolescentes de 16 y 17 años, a lo que se suman imágenes de cámaras de seguridad que lo registran ingresando a un condominio de Cantacallao junto a menores de edad. Pese a estos elementos, el juez rechazó el requerimiento de prisión preventiva y actualmente es investigado por los órganos de control. En el segundo caso, Álvaro Vallejos fue intervenido durante un allanamiento en marzo en una vivienda de La Victoria, donde la Policía investigaba una presunta red que captaba escolares. Según ATV, la fiscal Evelyn Taboada impulsó una terminación anticipada al considerar que el teléfono del investigado no contenía material comprometedor. Vallejos aceptó expresamente su culpabilidad por el delito imputado, pero quedó en libertad. El abogado penalista Vladimir Padilla cuestionó esa decisión y sostuvo que una confesión de esa gravedad no debió traducirse en la liberación del acusado. Tras conocerse ambos casos, la Defensoría del Pueblo inició una fiscalización de oficio. Un representante de la institución expresó su preocupación porque el juez que evaluó el caso de Honorato rechazó la prisión preventiva, pese a que el investigado registraba siete denuncias por violencia contra mujeres. google icon

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