Adendas en APP no exigirán cláusula anticorrupción estándar: ¿qué pasará con los US$ 8,300 millones en negociación?

Las modificaciones contractuales de ampliación o renovación de plazo en Asociaciones Público-Privadas (APP), conocidas como adendas, no estarán obligadas a incluir el texto estandarizado de la cláusula anticorrupción. Así lo establece ProInversión, que señala que “serán las partes las que definan los términos” de dicha cláusula en estos casos. La medida contrasta con lo dispuesto para los procesos de promoción en curso, donde sí se aplicará el modelo estándar incluso en la cartera APP por adjudicar.

Esta decisión impactará directamente en 8 adendas que impulsa la agencia, por un valor conjunto de US$ 8,300 millones, como parte de su cartera 2026. Los proyectos abarcan sectores donde las APP han sido tradicionalmente una alternativa, como Transportes, pero también Salud y Energía. Entre las inversiones clave figura la ampliación de la Línea 1 del Metro de Lima (US$ 3,231 millones), cuyo cierre está previsto para el primer trimestre del año, según ProInversión. También destaca la Torre Trecca (US$ 1,153 millones), que podría expandir notoriamente la capacidad de atención de EsSalud y que se espera desde hace más de 50 años.

Asimismo, está el proyecto denominado “7 regiones” (US$ 643 millones), que busca llevar gas natural a 15 ciudades y fue propuesto por Cálidda a finales del 2023. Según reportó Gestión, el Ministerio de Energía y Minas (Minem), como concedente, prevé que la firma ocurra este mismo mes.

Para los especialistas consultados por Gestión, aunque las adendas en curso tendrán libertad para definir los términos exactos, no sería ideal alejarse de lo que ya exige ProInversión. José León, socio del área de Derecho Administrativo y Regulatorio del Benites, Vargas & Ugaz (BVU), señaló que el modelo de cláusula anticorrupción publicado por la agencia servirá como base para estas negociaciones, precisamente por su estado avanzado. “Las disposiciones que forman parte del contenido esencial, el núcleo si se quiere, están en este nuevo modelo de cláusula anticorrupción: sujetos, penalidades y consecuencias. Eso no debería variar y tendría que considerarse de todas maneras”, sostuvo.

En la misma línea, Ronald Fernández Dávila, socio del área de Infraestructura y Proyectos en PPU, coincidió en que “la lógica jurídica detrás es evitar que se entienda como una imposición [en el caso de las adendas]”. De acuerdo con su análisis, en las renovaciones se verán valores similares a los ya fijados por ProInversión, mientras que los proyectos que están en concurso hoy incluirán la cláusula tal cual. Así, todas estas negociaciones deberán incorporar “sus propias versiones” de la cláusula anticorrupción difundida por la agencia.

Un cambio importante

La cláusula anticorrupción estándar que ProInversión debió publicar por exigencia del nuevo reglamento de la ley de APP —norma vigente desde septiembre del año pasado— tiene un antecesor. Como contó Gestión, durante el gobierno de Dina Boluarte, un mes antes de que venciera la APP de Olmos (en manos de Novonor, ex Odebrecht), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) emitió un decreto supremo que también fijaba un modelo estándar para esa cláusula. El contenido de aquel texto era prácticamente idéntico al actual: incluía, por ejemplo, una penalidad del 10% del monto de liquidación del contrato que el concesionario debía pagar al Estado, sin afectar la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

La diferencia clave está en el tratamiento de las adendas. Mientras el Gobierno de Boluarte buscaba que estas siguieran el mismo modelo que las APP nuevas, el texto actual deja ese aspecto a criterio de las partes. Así, las adendas ya no estarán obligadas a replicar el formato estándar, un cambio significativo respecto a la postura anterior.

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