No tenemos a dónde ir”: 37 familias en Villa El Salvador enfrentan un desalojo tras 29 años de ocupación pacífica

La angustia se apodera de las 37 familias del asentamiento humano Sol de Villa, en Villa El Salvador, ante la inminencia de un desalojo que podría dejarlas sin el hogar que edificaron durante casi tres décadas. Más de 150 personas —entre adultos mayores, madres solteras y niños— residen actualmente en la zona, según los dirigentes de la asociación. Los vecinos afirman que ocupan el predio desde diciembre de 1997, cuando, según su versión, el terreno se hallaba abandonado. Desde entonces, levantaron sus viviendas, instalaron servicios básicos y pagan tributos municipales. La disputa judicial, sin embargo, enfrenta a la comunidad con una cooperativa demandante que sostiene contar con un título de propiedad sobre el terreno. “En estos momentos nuestra gran preocupación es que estamos a días del desalojo. Tenemos casas construidas, ya hubo una inversión. Somos contribuyentes con nuestro gobierno local, pagamos arbitrios e impuesto predial, tenemos luz, agua, desagüe e internet a nuestro nombre”, declaró Bruno Jurca Barros, delegado del asentamiento, en diálogo con La República. Para los moradores, el proceso judicial ya no solo gira en torno a la posesión del terreno, sino al riesgo de perder el patrimonio que construyeron con años de trabajo y esfuerzo. Mientras la cooperativa alega derechos de propiedad, los vecinos aseguran haber ocupado el predio de manera pacífica y haber construido allí sus vidas. La incertidumbre crece a medida que se acerca la fecha del posible lanzamiento.

Un proceso judicial que mantiene en vilo a los vecinos

La defensa legal de los pobladores informó que el proceso por desalojo se inició en 2014 y, tras fallos favorables a la Cooperativa de Servicios Especiales Mercado El Progreso —que se atribuye la propiedad del terreno—, el caso se encuentra en una etapa que mantiene en alerta a las 37 familias. Cinthia Guillermo Mena, abogada de la asociación, detalló que recientemente fueron notificados de una nueva resolución judicial que, según su interpretación, contempla la demolición de las viviendas, un aspecto que —asegura— no figuraba en resoluciones anteriores. Por ello, anunció que presentarán una apelación al considerar que durante el proceso se vulneró el derecho de defensa de los vecinos y que no todos fueron debidamente notificados. La letrada también sostuvo que la asociación cuestiona diversos aspectos del trámite judicial y continuará utilizando los recursos legales disponibles para intentar evitar el desalojo.

'No tenemos a dónde ir'

Más allá del proceso legal, el temor es evidente entre quienes hicieron de Sol de Villa su hogar. Marivel Rocío Ibarra Chung, una de las fundadoras de la asociación, afirma que llegó al lugar junto a su madre hace casi 29 años y asegura que no cuenta con otra alternativa de vivienda. El conflicto enfrenta a la asociación de vecinos con la Cooperativa de Servicios Especiales Mercado El Progreso, que sostiene ser propietaria del terreno.

Blanca Bello llegó al terreno el 4 de diciembre embarazada de su tercer hijo. “Era un lugar completamente desolado. Ahora ya soy abuela y sigo defendiendo mi hogar porque no usurpé el lugar de nadie”, relató. Su historia se suma a la de otros vecinos que, como ella, temen ser desalojados. “En caso ocurra un desalojo voy a resistir hasta el último porque no tenemos a dónde ir a vivir. No tengo para alquilar una casa, soy operaria de limpieza y gano lo mínimo para vivir”, expresó otra residente.

Los representantes de la asociación sostienen que cuentan con documentos, fotografías y resoluciones que, según su interpretación, respaldan la permanencia de las familias desde 1997. Afirman que realizaron gestiones ante distintas entidades públicas y que durante estos años fueron reconocidos como ocupantes de la zona. Sin embargo, la Cooperativa Mercado El Progreso obtuvo un título de propiedad sobre el terreno en 2009 y posteriormente inició el proceso judicial de desalojo contra la asociación, conflicto que continúa en curso en el Poder Judicial.

Los vecinos aseguran que el conflicto también ha frenado otros trámites relacionados con sus viviendas. De acuerdo con la abogada de la asociación, la Municipalidad de Villa El Salvador rechazó el visado de los planos que solicitaron los residentes, argumentando que dicho procedimiento no podrá realizarse hasta que se resuelva la controversia legal sobre el terreno.

Las 37 familias del asentamiento en Villa El Salvador viven con incertidumbre mientras aguardan el desenlace del caso. “Desde que empezó este conflicto no estamos tranquilos, nos estamos enfermando”, declaró Bruno Jurca, quien señaló que el principal temor de los vecinos es perder el hogar que han ocupado durante casi tres décadas. La defensa de los pobladores considera contradictorio que la municipalidad les exija pagar arbitrios e impuesto predial —obligación que, según sostienen, siguen cumpliendo— mientras el litigio en curso les impide avanzar con los trámites administrativos de sus predios. Pese a la solicitud de este medio, la Municipalidad de Villa El Salvador no remitió su descargo hasta el cierre del informe.

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