Freddy José María Solano González, ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, enfrenta una denuncia por el presunto uso de un certificado laboral falso que habría servido para acceder a al menos seis cargos en la administración pública. Según reveló un reportaje de Cuarto Poder, el documento cuestionado también integró el expediente con el que acreditó experiencia profesional para asumir la jefatura de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil).

La constancia, fechada el 30 de noviembre de 2017, indica que Solano se desempeñó como jefe legal de la empresa de courier Service JCU S.R.L. entre el 12 de septiembre de 2016 y el 16 de noviembre de 2017. Esa experiencia fue clave para cumplir los requisitos del cargo en Sunafil, que exige diez años de experiencia profesional, cinco años en el sector público y cinco años en puestos de jefatura.

Especialistas en contratación pública consultados en el reportaje sostienen que, sin la experiencia consignada en ese documento, el funcionario no habría cumplido los requisitos mínimos establecidos para ocupar ese puesto. La denuncia apunta a que el certificado habría sido presentado para sustentar la experiencia exigida en al menos seis designaciones dentro del Estado.

Fuente: Cuarto Poder. En junio de 2024, el gerente general de la empresa aludida en el certificado, Carlos Ubillus Urbina, informó al Ministerio de Trabajo que el documento no era auténtico. Sostuvo que el logotipo, el membrete y la firma fueron adulterados, precisó que la razón social consignada era incorrecta y afirmó que Freddy Solano nunca trabajó para esa compañía. Ante esto, la defensa del ministro rechazó las acusaciones y aseguró que Solano sí prestó servicios para esa empresa en Trujillo, y que será el Ministerio Público quien determine la autenticidad del certificado durante la investigación. Previamente, antes de asumir el Ministerio de Trabajo, Solano ocupó cargos en el Ministerio de Educación, el programa Contigo, Corpac y Promperú. De acuerdo con el reportaje, esas designaciones estuvieron acompañadas de remuneraciones mensuales que fluctuaban entre los 15 mil y los 19 mil soles. El caso fue archivado por prescripción. El 25 de junio de 2026, el secretario general del Ministerio de Trabajo emitió un informe en el que declaró prescrita la potestad disciplinaria de la entidad. Como consecuencia, el procedimiento administrativo fue archivado al considerar que habían vencido los plazos establecidos por la normativa.

Leer artículo completo en diariocorreo.pe →