El debate sobre el Foncomun ha vuelto a la agenda pública luego de que una norma redistribuyera el destino de lo recaudado por IGV —sin modificar la tasa del 18%—, restando participación al Gobierno central para entregar mayores transferencias a las municipalidades. Sin embargo, más allá de la intención de cerrar brechas y promover la inversión local, la iniciativa ha reavivado una pregunta estructural: ¿cómo se están utilizando realmente los recursos del Foncomun?

Un análisis del gasto ejecutado por las municipalidades en 2024, basado en cifras del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), revela que la mayor parte del fondo no se destina a obras ni proyectos de inversión, sino a cubrir gastos operativos. El 38% se fue a planillas, el 36% a bienes y servicios, apenas un 20% a inversión pública y el 6% restante a otros fines. Esto significa que tres de cada cuatro soles del Foncomun se utilizan en sueldos, servicios administrativos y mantenimiento, en lugar de financiar infraestructura o cerrar brechas.

Este patrón plantea una interrogante crucial para los próximos años: ¿es suficiente con aumentar los fondos si no se cambia la manera en que, estructuralmente, se distribuyen y utilizan internamente? La evidencia sugiere que el Foncomun se ha desviado de su propósito original, que priorizaba la inversión, y ahora opera mayoritariamente como un mecanismo para sostener el gasto corriente de los municipios.

El Foncomún fue concebido como un mecanismo de compensación fiscal para municipios con menor capacidad de generación de ingresos propios, pero su uso actual se ha desviado del propósito original. Hoy, las cifras muestran que solo el 20% se utiliza en proyectos de inversión, mientras que más del 70% se consume en planillas y bienes y servicios. En sus inicios, según Luis Arias, exjefe de la Sunat, existía la obligación de destinar al menos el 50% de este fondo a inversión pública. Sin embargo, cambios normativos posteriores flexibilizaron su uso, permitiendo que los gobiernos locales lo apliquen libremente en distintos tipos de gasto.

En muchos distritos rurales, donde este fondo representa prácticamente el único ingreso disponible, se priorizan gastos operativos para mantener la administración municipal, aun si ello va en contra del sentido redistributivo del fondo. Así, el Foncomún ha pasado de ser una herramienta para cerrar brechas a convertirse, en la práctica, en un recurso que sostiene el funcionamiento diario de los municipios, con escaso impacto en obras públicas.

Luis Miguel Castilla, exministro de Economía y Finanzas, coincide con esta lectura y advierte que el desvío en el uso del Foncomún responde a una mezcla de discrecionalidad política, falta de capacidades técnicas y ausencia de fiscalización efectiva. Ambos expertos subrayan que el problema no es solo la falta de recursos, sino la manera en que se distribuyen y ejecutan. Castilla destaca que no hay suficientes controles ni consecuencias por el mal uso, mientras Arias advierte que los consejos municipales priorizan gasto corriente por decisión política. Para ambos, el diseño actual permite decisiones arbitrarias sin rendición de cuentas efectiva.

“Son decisiones políticas. Los alcaldes priorizan lo que consideran urgente, como planillas. Pero ese no es el espíritu del Foncomún”, advierte Arias. “Hay mucha discrecionalidad, inconducta funcional y corrupción. Incluso, el MEF no ha podido integrar la planilla municipal en su sistema por el desorden”, señala Castilla. Más allá del monto asignado, el principal desafío sigue siendo la limitada capacidad de gestión de los gobiernos locales, especialmente en distritos pequeños y rurales. Tanto Arias como Castilla mencionan que muchas municipalidades no cuentan con personal calificado ni con los sistemas administrativos necesarios para ejecutar proyectos de inversión de manera eficiente. Esta precariedad estructural se traduce en baja ejecución del gasto, acumulación de saldos sin usar, obras mal formuladas o paralizadas, y una dependencia casi total de las transferencias del Estado. Castilla resalta que, incluso, los sistemas del MEF enfrentan dificultades para integrar la información de las planillas municipales, debido a la atomización, informalidad y desorden operativo en cientos de municipios. Arias, por su parte, subraya que, al no generar estos recursos por esfuerzo propio, los gobiernos locales no sienten presión por usarlos eficientemente, lo que termina consolidando patrones de gasto inercial. En ese contexto, incrementar el Foncomún sin fortalecer las capacidades locales solo aumenta la probabilidad de ineficiencia y malgasto, dejando sin resolver los problemas de fondo que afectan la gestión pública a nivel territorial. Frente a un sistema que reparte recursos sin exigir resultados, Castilla plantea que la solución no pasa por seguir incrementando el Foncomún, sino por diseñar mecanismos de incentivos que premien la buena gestión municipal. El Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal, vigente desde 2009, es citado como ejemplo de un esquema que ha demostrado ser más efectivo al transferir fondos condicionados al cumplimiento de metas diferenciadas según el tipo y tamaño del municipio. Este enfoque, según se explica, fomenta mejoras concretas como el aumento en la recaudación del impuesto predial, la planificación de inversiones y el orden administrativo. En contraste, Castilla sostiene que “entregar más dinero sin ningún tipo de condicionalidad equivale a otorgar un ‘cheque en blanco’”, lo que perpetúa la ineficiencia y abre espacio para el uso político o clientelar del presupuesto. Vincular los recursos a metas claras y medibles, en cambio, “ayudaría a transformar los municipios desde dentro”, obligándolos a profesionalizar su gestión y orientar el gasto hacia obras que cierren brechas. Para ambos especialistas, insistir en transferencias automáticas sin capacidad instalada ni rendición de cuentas “es una apuesta fiscalmente riesgosa y políticamente miope”.

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