El 24 de junio, dos terremotos de magnitud 7,5 y 7,2 sacudieron Venezuela y dejaron un saldo que no deja de crecer: al menos 2.645 fallecidos y 12.666 heridos, con cerca de 200 edificios completamente colapsados en La Guaira y Caracas, las zonas más devastadas. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) advirtió que la cifra de víctimas mortales podría escalar hasta los 10.000 en los próximos días. A pesar de la magnitud del desastre, la emergencia no hizo más que exponer las limitaciones de un país que ya arrastraba una crisis profunda antes del sismo.
El terremoto no causó el colapso; el colapso ya existía. Tras la salida de Nicolás Maduro del poder y en medio de un gobierno interino avalado por Estados Unidos, pero no por su pueblo, el sistema sanitario venezolano llegó con un déficit del 60% en capacidad quirúrgica y un desabastecimiento de medicamentos del 37%, según datos de la OMS y la Encuesta Nacional de Hospitales. En ese contexto, la ayuda internacional intenta contener una situación que se agrava con los días, mientras los hospitales luchan contra la falta de insumos básicos.
Frente al hermetismo oficial, el gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez movilizó a más de 5.000 profesionales de salud e integró hospitales militares, públicos y privados en la respuesta. El ministro Carlos Alvarado aseguró en televisión que se logró “atender de manera óptima a los pacientes”. Sin embargo, especialistas, organizaciones humanitarias y los propios damnificados describen un panorama muy distinto. Jaime Lorenzo, director de Médicos Unidos de Venezuela, relató que el hospital de La Guaira funciona sin agua corriente, lo que obliga al personal a lavarse las manos y limpiar los suelos manchados de sangre con agua almacenada y suero intravenoso. Carolina de Jesús, directora de Project HOPE en Venezuela, describió un sistema que “se quedó sin margen en cuestión de horas” y señaló que en varios centros el personal médico atiende a pacientes en el suelo por falta de camas, mientras las réplicas no cesan.
Mientras el Gobierno evita informar cuántas personas siguen sin ser localizadas, se estima que podrían llegar a 50.000.
Redes ciudadanas impulsadas por la diáspora venezolana envían alimentos, medicinas y ropa
EE. UU. y la doctrina Donroe
Horas después del primer sismo, Donald Trump prometió asistencia inmediata a Venezuela. El secretario de Estado, Marco Rubio, ya había adelantado que la respuesta sería “grande, rápida y efectiva”. El Departamento de Estado confirmó después el envío de cerca de 150 millones de dólares en ayuda, cifra que más tarde se amplió a 300 millones destinados a organizaciones que llevan suministros a la primera línea de la emergencia. Para la Administración Trump, la gestión de esta crisis es también una prueba de la doctrina Donroe, según explica Carlos Malamud, catedrático de Historia de América en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). En declaraciones para Cadena Ser, señala que el manejo de la emergencia funciona como un examen simultáneo para tres actores: el gobierno interino, la oposición venezolana y la propia Casa Blanca.
El Comando Sur, responsable del bombardeo a Caracas que terminó con la caída de Maduro a inicios del 2026, movilizó barcos, aviones y helicópteros de apoyo de rescate y transporte, dado el cierre del aeropuerto de Maiquetía por los daños sufridos en los sismos. Su comandante, el general Francis L. Donovan, señaló que las fuerzas estadounidenses buscan “ayudar a salvar vidas y apoyar al gobierno durante esta crisis”. El Departamento del Tesoro, por su parte, suspendió hasta el 23 de octubre algunas sanciones con el fin de permitir transacciones vinculadas a las labores de socorro, aunque mantuvo el grueso de las restricciones económicas contra el chavismo.
Autoridades venezolanas y el comandante del Cuerpo de Marines de EEUU se reunieron para facilitar las operaciones
El académico advierte que, si la respuesta fracasa, la legitimidad del gobierno venezolano “sería total”, mientras que un mal manejo también golpearía a la oposición, cuya pérdida de imagen “repercutiría muy negativamente sobre su proyecto político”. Para Washington, una gestión deficiente dañaría la imagen que busca proyectar hacia el resto del continente bajo su nueva doctrina de influencia en América Latina. El verdadero desafío, apunta el investigador, llegará después, cuando haya que decidir quién administra la ayuda. En esa misma línea, Sam Vigersky, antiguo coordinador de los equipos de respuesta a desastres en la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), sostiene que el mundo observa de cerca si el Departamento de Estado logra sostener la capacidad operativa que antes tenía esa agencia cerrada por la gestión republicana.
De crisis en crisis
Venezuela enfrenta este desastre en medio de un prolongado deterioro económico e institucional. Antes de los sismos, la inflación mostraba señales de alivio: el Banco Central de Venezuela (BCV) reportó que en abril de 2026 la inflación mensual bajó 2,5 puntos porcentuales frente a marzo y se ubicó en 10,6%. En marzo fue 13,1%, en febrero 14,6% y en enero 32,6%. En su peor momento de la década, el índice llegó al 524%. El presidente del BCV, Luis Pérez, afirmó que 2026 sería un año de “cambios significativos” y confió en que la cifra alcanzara un dígito en mayo. Ese colapso económico y político empujó a más de 7 millones de venezolanos a emigrar, según la ONU, un éxodo que fracturó familias y vació al país de mano de obra calificada.
Damnificados denuncian retraso en las labores de rescate por parte de las autoridades
El riesgo para la niñez tras el sismo
UNICEF estima que 3,9 millones de niños viven en las zonas afectadas por los sismos, entre ellas Caracas, Aragua, Carabobo, Falcón, Miranda y La Guaira. Su directora ejecutiva, Catherine Russell, calificó los relatos que llegan desde el terreno como "desgarradoras" y pidió que la protección infantil ocupe un lugar central en la respuesta humanitaria. El organismo alertó sobre riesgos inminentes de separación familiar, desplazamiento y falta de agua potable para los menores. La actriz y creadora de contenido Ange Rodríguez denunció públicamente movimientos sospechosos en La Guaira y Caracas, vinculados a presuntos intentos de captación irregular de menores huérfanos o separados de sus familias. Ante la circulación de rumores, el Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (Idenna) emitió un comunicado para aclarar que ningún menor es entregado a desconocidos y que la reunificación familiar sigue protocolos estrictos. La denuncia reavivó el recuerdo de la tragedia de Vargas de 1999, cuando decenas de menores quedaron separados de sus padres sin que existieran registros que permitieran reencontrarlos.
La credibilidad de un "Estado fallido"
La opositora María Corina Machado, ganadora del Nobel de la Paz 2025, reafirmó su intención de regresar a Venezuela pese a la emergencia y aseguró que su presencia "estabiliza" al país. Sostuvo que los sismos evidenciaron la "ausencia total de capacidades estatales" y describió a su nación como "un Estado fallido". Según información publicada por The Wall Street Journal, la administración Trump le pidió postergar su regreso para no politizar el desastre, algo que un portavoz del Departamento de Estado calificó de "contraproducente en sus esfuerzos".
El diagnóstico del sistema de salud venezolano es contundente. En La Guaira, dos de los tres hospitales públicos colapsaron, informó Jaime Lorenzo, director de Médicos Unidos de Venezuela. A nivel nacional, apenas tres ambulancias públicas atienden toda el área metropolitana de Caracas, y el 90% de los heridos llegó en camionetas policiales. La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud evaluaron ocho nosocomios en las zonas afectadas y determinaron que todos requieren apoyo externo inmediato. En la capital, el Hospital Vargas-IVSS opera con solo 35 unidades de sangre disponibles y 96 pacientes hospitalizados en una sala diseñada para ocho camas. Paralelamente, el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) denunció restricciones gubernamentales a los periodistas que cubren la emergencia en La Guaira. Desde el 28 de junio, las autoridades limitaron el acceso a la zona y fijaron horarios y transportes específicos para los equipos de prensa. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa documentó al menos cuatro restricciones a la labor periodística hasta el 30 de junio y respaldó a los reporteros que continúan trabajando pese a las trabas. A pesar de las dificultades, medios como Runrun.es, TalCual y El Pitazo se organizaron para dividir la cobertura por temas, mientras que periódicos regionales como El Impulso priorizaron zonas del interior menos cubiertas por la prensa nacional. En otro frente, el bloqueo a la red social X, vigente desde 2024, se levantó parcialmente un día después de los terremotos, aunque organizaciones advierten que la censura digital a medios independientes persiste en gran parte del país.
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