El Poder Judicial confirmó en segunda instancia la prisión preventiva por nueve meses contra Óscar Pineda, agente del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) que se desempeñaba como jefe de pabellón en el establecimiento penitenciario de Juliaca. La medida también alcanza a dos reos investigados por el presunto delito de tortura agravada que derivó en la muerte del interno Flavio Mamani Apaza.

De acuerdo con la investigación fiscal de Puno, los hechos ocurrieron el 14 de marzo de 2026. Pineda habría abusado de su cargo al permitir el ingreso y desplazamiento de internos hacia una celda de aislamiento donde se encontraba la víctima bajo su custodia. Allí, Mamani Apaza fue torturado y finalmente asesinado.

Fuentes de la Cuarta Fiscalía Superior Penal Nacional Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo confirmaron el último 18 de junio esa resolución judicial. La medida cautelar fue dictada inicialmente en primera instancia y ahora ratificada en apelación.

Tortura ocurrió en el penal de Juliaca.

Los fiscales Hugo Vizcarra y Christian Pérez sustentaron el requerimiento con elementos de convicción que vincularían a los internos César Rosales y Niurman Calzadilla con la muerte de Flavio Mamani Apaza. Según la Fiscalía, se hallaron indicios de uso de violencia extrema en agravio de la víctima, quien posteriormente falleció. La confirmación de la medida permitirá que continúen las diligencias para esclarecer lo sucedido.

Los fiscales explicaron que Óscar Pineda, en su calidad de jefe de pabellón, habría abusado de su cargo al permitir el ingreso y desplazamiento de dichos internos hacia una celda de aislamiento, donde se encontraba Mamani Apaza bajo su custodia. En ese ambiente, los coimputados Rosales y Calzadilla habrían participado en actos de violencia extrema contra el interno. La Fiscalía sostiene que el funcionario omitió deliberadamente sus funciones de vigilancia y control, lo que facilitó el desarrollo del ataque y habría derivado en la muerte del agraviado.

De este modo, se encontraron suficientes elementos de convicción que vinculan a los internos con el crimen, en un caso donde un funcionario del Inpe habría facilitado el desarrollo del ataque al omitir deliberadamente sus deberes.

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