La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso archivó la denuncia constitucional que el partido político Juntos por el Perú presentó contra el canciller Carlos Pareja Ríos. El grupo de trabajo parlamentario declaró improcedente el recurso durante una sesión extraordinaria realizada el viernes 3 de julio, al concluir que la acusación no cumplía con los requisitos para continuar su trámite, según lo establecido en el artículo 89 del Reglamento del Congreso. La decisión fue aprobada con nueve votos a favor, uno en contra y una abstención, por lo que el expediente fue enviado al archivo.

La denuncia, presentada por el personero legal de Juntos por el Perú, Pablo Salas Charca, estaba relacionada con presuntas irregularidades en el manejo de la votación de los peruanos residentes en el extranjero durante la segunda vuelta de las elecciones generales de 2026. En el documento se atribuía al titular del Ministerio de Relaciones Exteriores el presunto desmantelamiento del sistema logístico, informático y de custodia diplomática utilizado para el proceso electoral de los peruanos en el extranjero. El caso surgió a raíz de cuestionamientos sobre los procedimientos aplicados para el traslado y procesamiento de las actas electorales provenientes del exterior.

Juntos por el Perú sostuvo que las modificaciones aplicadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales para la segunda vuelta alteraron las condiciones inicialmente previstas para el proceso. Según el partido, esos cambios impidieron la digitalización de las actas presidenciales correspondientes a la votación de los peruanos en el extranjero. La organización política también cuestionó que las nuevas disposiciones afectaran el principio de intangibilidad del proceso electoral y la seguridad jurídica. Del mismo modo, expresó reparos sobre el tiempo y la forma en que fueron trasladadas al Perú las actas provenientes de las oficinas consulares.

La Bancada Socialista presentó el pasado 24 de junio una moción de interpelación contra el canciller Carlos Pareja Ríos, impulsada con la coautoría del excandidato presidencial Roberto Sánchez Palomino. De manera paralela a esa iniciativa, el Congreso archivó la denuncia constitucional presentada por Juntos por el Perú, que comprendía una presunta infracción a los artículos 31, 45 y 176 de la Constitución, así como el presunto delito de atentado contra el derecho al sufragio, tipificado en el artículo 359 del Código Penal.

El documento de interpelación consta de ocho páginas e incluye un pliego de 23 preguntas dirigidas al ministro. El objetivo es que explique los procedimientos técnicos y logísticos ejecutados en los consulados para garantizar la transparencia de las elecciones generales de 2026. Frente a los cuestionamientos, Carlos Pareja negó haber intervenido en el proceso electoral o favorecido a alguna organización política. En sus descargos, el ministro rechazó las imputaciones formuladas en su contra y afirmó que “no hubo ningún acto de interferencia, manipulación o favorecimiento político”. Además, aseguró que el Ministerio de Relaciones Exteriores actuó respetando la legalidad y manteniendo coordinación permanente con los organismos electorales.

El desarrollo de este procedimiento parlamentario coincide con la reciente proclamación de Keiko Fujimori como presidenta electa del Perú para el periodo 2026-2031. En ese escenario, continúan las acciones políticas relacionadas con el desarrollo de la segunda vuelta electoral.

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