A casi tres años del dictamen del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, que concluyó que el Estado peruano vulneró los derechos de Camila, una menor víctima de violencia sexual, las principales medidas de reparación siguen sin ejecutarse. Organizaciones como Promsex y Amnistía Internacional advierten que este incumplimiento evidencia fallas estructurales en la protección de niñas frente a la violencia sexual, el acceso a la salud y la justicia.
Más de dos años después de que el organismo internacional emitiera su fallo, la deuda del Estado persiste no solo con Camila, sino con miles de niñas que continúan enfrentando agresiones y barreras para acceder a servicios de salud, protección y justicia, según señalaron las organizaciones de derechos humanos. Para Promsex y Amnistía Internacional, esta situación refleja una falta de respuesta sistémica que deja desprotegidas a las víctimas de violencia sexual en el país.
Preocupantes cifras de violencia
Entre enero y abril de 2026, los Centros de Emergencia Mujer registraron 2.427 casos de violación sexual contra niñas en el país, lo que equivale a una víctima cada 71 minutos. A esto se suman las alarmantes cifras de maternidad forzada: en 2025, 993 niñas de 14 años o menos fueron obligadas a continuar embarazos producto de violencia sexual, y entre enero y junio de 2026 ya se reportan 923 casos de niñas madres en el Registro de Nacidos Vivos. Las organizaciones también denuncian que persisten restricciones en el acceso al aborto terapéutico, incluso cuando la vida o la salud de las niñas está en riesgo, pese a que este procedimiento está reconocido en la normativa peruana.
En este contexto, Promsex y otras instituciones lanzaron la campaña ‘Camila y la deuda del Estado con las niñas’, que busca visibilizar el incumplimiento de las medidas ordenadas por la ONU y exigir acciones concretas de reparación y prevención. “Camila representa a miles de niñas que siguen esperando que el Estado las proteja de manera efectiva. Mientras las medidas ordenadas por Naciones Unidas permanezcan incumplidas, esa deuda seguirá vigente”, señaló Rossina Guerrero, directora ejecutiva de Promsex.
El caso Camila
El caso que da nombre a la campaña ocurrió en 2007. Camila, una niña indígena de 13 años, quedó embarazada tras ser víctima de violencia sexual por parte de su padre. Su madre solicitó un aborto terapéutico debido al riesgo para su salud, pero este fue negado por el sistema de salud, que tampoco brindó información adecuada.
El Comité de los Derechos del Niño de la ONU ordenó en agosto de 2023 una reparación integral y medidas estructurales para Camila, entre ellas la revisión del marco normativo que garantice derechos en casos de embarazo infantil por violencia sexual. Sin embargo, estas disposiciones aún no se implementan plenamente. Entre las medidas pendientes figuran la reparación integral a la víctima, protocolos para evitar la revictimización, mejoras en el acceso efectivo al aborto terapéutico y políticas públicas con enfoque de niñez, género e interculturalidad. Antes de ese dictamen, Camila sufrió un aborto espontáneo y fue investigada penalmente por presunto autoaborto. El Comité concluyó que el Estado peruano incumplió su deber de protección, negó acceso oportuno a servicios de salud y sometió a la víctima a procesos que agravaron el daño. “Cumplir con el dictamen no solo significa hacer justicia en un caso individual, sino evitar que estas vulneraciones se repitan”, señaló Jennie Dador, directora de Amnistía Internacional en Perú.
Comentarios 0
Súmate a la conversación
Tu comentario es anónimo, pero para evitar bots necesitamos que te registres. Es gratis y toma 30 segundos.
Crear cuenta para comentar Ya tengo cuenta