Cosco Shipping Ports Chancay Perú (CSPCP), operadora del Megapuerto de Chancay, confirmó que acudirá al Tribunal Constitucional luego de que el Poder Judicial rechazara su demanda de amparo contra Ositrán. La empresa sostiene que el fallo afecta el marco jurídico bajo el cual realizó su inversión y, por ello, buscará que el máximo intérprete de la Constitución revise el caso.
En un comunicado, Cosco aclaró que la controversia no busca impedir la supervisión del Estado dentro del puerto. Según explicó, la disputa se centra únicamente en las facultades que ejerce Ositrán, mientras que las demás entidades públicas continúan desempeñando sus funciones con normalidad. "CSPCP ha recurrido a instancias judiciales para hacer valer sus derechos específicamente en relación con la supervisión de Ositrán. Esto no afecta en modo alguno a la plena autoridad del Estado para ejercer supervisión e inspección en todos los aspectos operativos, ambientales, tributarios, entre otros", señaló la empresa.
En el documento, la empresa reiteró que el Terminal Portuario Multipropósito de Chancay tiene una naturaleza completamente privada y opera bajo un esquema de libre competencia. Desde esa posición, sostiene que la supervisión que plantea Ositrán excede las atribuciones que le otorga la Ley del Sistema Portuario Nacional. La compañía advirtió que la decisión judicial podría tener implicancias que trascienden el caso al modificar las reglas bajo las cuales se concretó la inversión del proyecto.
“Una sentencia de esta naturaleza afecta no solo aspectos funcionales y financieros, sino también el marco jurídico en el que los inversionistas confían”, señaló Cosco en el comunicado. A su juicio, la sentencia no abordó el fondo de la controversia y dejó sin analizar aspectos como el marco legal vigente cuando se realizó la inversión y las funciones que corresponden a las distintas entidades del Estado en el terminal.
La operadora recordó que en el terminal mantienen presencia instituciones como la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), la Autoridad Portuaria Nacional (APN), la Dirección Antidrogas (Dirandro), el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), la Policía Fiscal, Migraciones y las autoridades sanitarias, cada una dentro de sus respectivas competencias.
Cosco ha ratificado que presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional para que la controversia sobre el Megapuerto de Chancay sea revisada de manera integral. La disputa se originó cuando la empresa cuestionó las facultades de supervisión de Ositrán sobre el terminal. La Segunda Sala Constitucional declaró improcedente su demanda de amparo, decisión que ahora buscará revertir en esa instancia. Mientras el proceso continúa, Cosco reiteró su compromiso de cumplir la normativa peruana y mantener la operación del puerto bajo estándares internacionales, pues considera que contribuirá a impulsar el comercio exterior del país. Con este pronunciamiento, la firma defiende el carácter privado del terminal y espera que el Tribunal Constitucional resuelva el caso de fondo.
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