Otros tres policías fueron enviados a prisión por el Poder Judicial. La Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro, a través del Cuarto Despacho liderado por la fiscal provincial Diana Paico, logró que se dicte nueve meses de prisión preventiva contra tres efectivos policiales. Se trata del alférez PNP Francesco Pilloca, jefe de la Tripulación de Patrullaje Motorizado TMP-3163 de la comisaría PNP Yerbateros, y los suboficiales Alexander Villacrisis y Christian Marrufo. Los tres uniformados son investigados por los presuntos delitos de concusión y banda criminal. Según la tesis fiscal, el pasado 23 de junio intervinieron arbitrariamente a un conductor y, aprovechando su condición de funcionarios públicos, le exigieron dinero para evitar acciones policiales en su contra. “Estamos siempre del lado de los buenos policías que trabajan en la calle, pero también en contra de aquellos que con el uniforme terminan siendo delincuentes y usan sus armas para ejercer violencia”, expresó una fuente de la fiscalía tras conocerse la medida judicial. La investigación, que dio un giro decisivo, involucra a los tres agentes que habrían actuado como una banda criminal al exigir el pago ilícito al transportista. El Poder Judicial aceptó el pedido fiscal y ordenó el internamiento preventivo de los efectivos mientras se desarrollan las pesquisas en su contra. El 24 de junio de 2026, los investigados fueron detenidos en flagrancia durante un operativo del Departamento Desconcentrado de Investigación Contra la Corrupción de Lima Este. La víctima, que luego denunció el hecho, transfirió S/50 a una cuenta vinculada a un presunto nexo financiero del grupo policial. Según el expediente, el juzgado consideró que existían graves y fundados elementos de convicción para imponer la prisión preventiva. Entre las pruebas figuran la declaración de la víctima, los testimonios de los agentes que realizaron la intervención en flagrancia, el comprobante de la transferencia, las actas de intervención y denuncia, registros de patrullaje virtual y la información extraída de los teléfonos celulares incautados durante las diligencias. La tesis fiscal sostiene que los agentes actuaron con una distribución de funciones propia de una banda criminal. Cada uno cumplía un rol específico para exigir el dinero y asegurar su recepción a través de un tercero, con el propósito de dificultar el rastreo de los fondos. El Ministerio Público reafirmó su compromiso de investigar y combatir con firmeza los delitos de corrupción que comprometen la función pública. La entidad promueve que quienes presuntamente abusan de la autoridad y vulneran la confianza de la ciudadanía afronten los procesos judiciales con las garantías previstas por la ley.

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