La propuesta del Gobierno de aumentar el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) a la cerveza ha reabierto una discusión clave: ¿se debe priorizar un sistema tributario que impulse la producción nacional o uno que termine debilitándola? Detrás de este producto hay una cadena de valor que, según la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), agrupa a 384 cervecerías en el país, de las cuales el 95% son microempresas y un 3,7% son pequeñas empresas. Muchas de ellas surgieron en los últimos años apostando por la innovación, el turismo y el desarrollo regional. Un nuevo incremento del ISC podría ser la diferencia entre crecer o desaparecer para estos negocios.

El impacto no se limita a los productores. Afecta también a bares, restaurantes, bodegas, distribuidores, agricultores, transportistas y miles de pequeños comercios. La Asociación de Bodegueros del Perú señala que la cerveza representa cerca del 30% de los ingresos de más de 350,000 bodegas. Cuando una industria pierde competitividad, toda su cadena lo resiente.

La paradoja es evidente. En el Perú, el consumo per cápita de cerveza es de 42 litros anuales, por debajo de países como Colombia (50 litros), Chile (60), Brasil (70) y México (78). Mientras tanto, el ISC —actualmente fijado en S/ 2,51 por litro— ha crecido un 51,2% en la última década, muy por encima de la inflación acumulada. Lejos de demostrar que hay margen para seguir subiendo el impuesto, este dato refleja su efecto disuasivo sobre el consumo formal. Es, en buena cuenta, la curva de Laffer operando en tiempo real: cuando la carga tributaria supera cierto umbral, parte de la demanda migra al mercado informal, erosionando la base imponible en lugar de ampliarla.

Antes de plantear nuevos incrementos, corresponde preguntarse si el problema es la tasa del impuesto o si es momento de ampliar la base tributaria y combatir la informalidad que compite, sin pagar ISC ni IGV, con el producto formal.

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