El expresidente Alejandro Toledo autorizó a su abogado, Carlos Torres Caro, para iniciar los trámites de un pedido de indulto humanitario, fundamentado en el deterioro de su estado de salud. La defensa legal del exmandatario confirmó que la solicitud se formalizó mediante un documento escrito, según declaró Torres Caro durante una entrevista en Exitosa.

La estrategia legal contempla que el requerimiento no sea presentado ante la actual administración de José María Balcázar, sino que se dirija a la futura autoridad que asuma la Presidencia de la República. En ese sentido, el abogado precisó que el trámite se realizaría después del cambio de mando del 28 de julio, cuando la nueva gestión presidencial de Keiko Fujimori tenga la facultad de evaluar el pedido dentro de sus atribuciones legales.

Torres Caro explicó que la decisión del expresidente se tomó en el marco de las atribuciones que contempla la figura del indulto humanitario, y que el documento ya fue suscrito por Toledo. El letrado indicó que se evalúa presentar el requerimiento una vez que se concrete el cambio de gobierno en el país, momento en el cual la autoridad entrante podría analizar la solicitud basada en la condición médica del exmandatario.

El representante legal señaló que Alejandro Toledo mantiene su inocencia en el caso Odebrecht y que su defensa ha presentado información adicional sobre los fondos investigados. “Él ha presentado una nueva prueba, anunciando que el dinero que se señala que él habría recibido, pues nunca lo recibió (...) hay una persona que tiene el dinero (...) él siempre sigue anunciando su inocencia, pero ante la situación de enfermedad que lo aqueja, tiene que llevar a cabo una situación como esta, de pedir un indulto”, precisó. La defensa evalúa presentar la solicitud de indulto humanitario ante la nueva administración, ya que la administración saliente tendría un periodo limitado para analizar este tipo de pedidos. Bajo ese argumento, se optaría por esperar la instalación del nuevo gobierno para presentar el expediente. Si la solicitud prospera, corresponderá a la nueva administración determinar si corresponde otorgar o rechazar la medida. El caso se desarrolla en paralelo al proceso judicial que continúa su curso en el sistema de justicia peruano.

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