El próximo gobierno, que asumirá Keiko Fujimori si gana las elecciones, recibirá un Estado con un gasto en remuneraciones que se ha duplicado en la última década. Según datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) recopilados por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), el gasto anual del Gobierno general en sueldos pasó de S/ 35,449 millones en 2015 a S/ 73,331 millones en 2025, un incremento de cerca del 107%.

La tendencia alcista no se detiene. Solo hasta mayo de 2026, el gasto en remuneraciones ya sumó S/ 32,839 millones, un 11.4% más que en el mismo periodo del año anterior, según el último reporte del BCRP sobre operaciones del sector público. Este aumento se explica principalmente por mayores retribuciones al personal policial, de salud, judicial, militar, del Magisterio y administrativo.

En millones de soles. Fuente: MEF, BCRP

Para David Tuesta, presidente del Consejo Privado de Competitividad, este crecimiento responde a decisiones políticas acumuladas en los últimos años. “Es una consecuencia de la situación de debilidad política del Poder Ejecutivo. Este escenario de fuerte fragmentación y cambio constante del gobernante de turno ha llevado a que el populismo tenga un mayor espacio para posarse y su principal manifestación ha sido el fuerte crecimiento del gasto concentrado en el ámbito de las remuneraciones”, comentó a Gestión. Un ejemplo de ello es el sector Educación, donde más se ha reflejado esta tendencia.

Y la presión al alza continuará. Como informó Gestión, con la negociación colectiva de este año se aprobaron incrementos para diversos regímenes laborales del sector público que se aplicarán en 2027. Estos incluyen aumentos en el Monto Único Consolidado (MUC) para trabajadores del régimen 276, incrementos para servidores CAS y otros ajustes salariales escalonados. Así, los gastos remunerativos seguirán extendiéndose en los próximos años.

El Consejo Fiscal ha advertido que las nuevas obligaciones de gasto permanente aprobadas por el Congreso, como la ampliación de beneficios laborales para trabajadores CAS por unos S/ 3,000 millones anuales, se suman a otros incrementos que suelen darse por convenio colectivo. En total, solo las iniciativas legislativas recientes con impacto en remuneraciones representarían un gasto de cerca de S/ 6,835 millones al año, cifra que se añade al presupuesto ya destinado a salarios públicos. “Estas presiones fiscales se suman a un presupuesto 2026 que ya incluye un incremento históricamente elevado de las partidas de remuneraciones y pensiones, que no solo excede en varias veces al promedio histórico, sino que supera largamente los incrementos considerados en el Marco Macroeconómico Multianual, en el Informe Preelectoral y al gasto consistente con el cumplimiento de las reglas fiscales”, señala el último informe del organismo. Este escenario, advierten, haría muy probable que se generen nuevos incumplimientos de las reglas fiscales, que esperan un déficit fiscal de 1.8% para el 2026, dejando un reducido espacio fiscal para el próximo Gobierno. El economista Tuesta coincidió en la observación: si bien la situación fiscal actual no muestra señales de incumplimiento para este año —el déficit se ubica en torno al 1.6%—, las alertas están puestas para los siguientes periodos, ya que este avance se sostiene en ingresos extraordinarios generados por los altos precios internacionales de minerales como el cobre. “En su último reporte, el Fondo Monetario Internacional calculó cuál sería el nivel de déficit del Perú si los precios estuvieran en situación normal y encontró que estaría en 3.6%. La situación está escondida por las altas cotizaciones, pero este ciclo en algún momento se va a acabar. Esto al final se convertirá en un problema que el Gobierno de Fuerza Popular va a enfrentar de todas maneras”, explicó.

El informe de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) revela que la planilla pública representa cerca de un tercio de todo el presupuesto público, con un peso que oscila entre el 32.1% y el 34.4%. Además, el número de servidores públicos pasó de 1.3 millones en 2017 a casi 1.6 millones en 2024, un incremento del 18%. Esta tendencia no se ha detenido: según datos del BCRP a abril, de los 6.6 millones de trabajadores formales en el país, 1.7 millones pertenecen al Estado.

El crecimiento del empleo público fue impulsado principalmente por las carreras especiales —como Magisterio, Salud o Policía—, cuyos trabajadores aumentaron un 38.7% entre 2017 y 2024. Aunque el empleo creció más en esa categoría, el régimen CAS, con un incremento del 35.1%, sigue siendo el que concentra la mayor cantidad de trabajadores.

“Una vez superado el impacto de la pandemia, la planilla pública consume de forma permanente una porción ligeramente mayor de la riqueza nacional. Esta ‘nueva meseta’ de mayor presión fiscal refleja la consolidación de un Estado con un costo operativo estructuralmente más alto”, señala el informe de Servir.

Según el exministro, cuando el ciclo de altos precios termine, el próximo Gobierno podría enfrentar una combinación compleja de gastos permanentes elevados e ingresos fiscales menores. Frente a las normas aprobadas por el Congreso, Tuesta recordó que aún existen mecanismos para intentar contener parte del impacto fiscal, entre ellos presentar demandas de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC).

Estas nuevas obligaciones permanentes impulsadas desde el Congreso reducirán el margen fiscal del siguiente gobierno. El exministro descartó que la reducción del gasto público pueda lograrse mediante despidos de trabajadores. “Lo veo realmente complicado políticamente. La salida no iría por despidos, sino por un congelamiento en la contratación de nuevos empleados y una reasignación de los existentes. También se puede conseguir ahorro recortando contrataciones a terceros y revisando los contratos CAS que siguen siendo temporales”, refirió. En ese sentido, advirtió que el próximo Gobierno “tiene que ir de todas maneras al TC y, en el camino, hacer una corrección en el reglamento que vaya a sacar el MEF para estas medidas. Es importante que el nuevo mandato presente la demanda porque, si no lo hace, la situación será inmanejable”. Por ahora, sostuvo que mantener el crecimiento del gasto corriente tiene un costo de oportunidad para otras prioridades del Estado, ya que compromete mayor presupuesto a remuneraciones y termina recortando espacio para invertir en obras públicas. Guadalupe Gamboa Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de San Martín de Porres con experiencia en radio, tv, redes sociales y medios impresos. Escribo y hablo sobre economía y finanzas desde el 2020.

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