Discriminación contra comunidad LGBTIQ+ en Perú: el 49,9% gasta hasta S/4.000 al año en salud mental

Un estudio del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex) revela que la discriminación hacia las personas LGBTIQ+ en Perú no solo deja secuelas emocionales, sino que también genera un fuerte impacto económico. El 49,9% de los miembros de la comunidad tuvo que pagar de su bolsillo terapias psicológicas, atención médica o tratamientos tras sufrir actos de discriminación por su orientación sexual o identidad de género.

La investigación, elaborada por la doctora Elisa Juárez, investigadora de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Científica del Sur, señala que el 62,2% de las personas LGBTIQ+ asumió algún tipo de gasto económico derivado de estas experiencias. Estos desembolsos incluyen transporte adicional para evitar agresiones, mudanzas forzadas y asesoría legal, lo que puede representar hasta S/4.000 al año en salud mental y otros costos asociados.

“Cuando hablamos de discriminación, solemos pensar únicamente en una afectación emocional. Sin embargo, este estudio demuestra que también genera un costo monetario para quienes la sufren y para la sociedad en general. Tiene repercusiones a lo largo de toda la vida de las personas”, explicó Juárez en entrevista con La República.

Para la especialista, estas cifras evidencian que la discriminación tiene efectos prolongados que terminan condicionando todo el proyecto de vida de las personas pertenecientes a la comunidad. El estudio de Promsex subraya que, además del daño psicológico y social, muchas personas deben asumir importantes gastos económicos para afrontar las consecuencias del rechazo, la violencia y la exclusión.

La investigación también destaca que el Estado no cubre estos costos, lo que agrava la situación de las personas LGBTIQ+ que enfrentan barreras para acceder a servicios de salud mental y apoyo legal. El estudio de Promsex busca visibilizar estas brechas y llamar la atención sobre la necesidad de políticas públicas que aborden tanto el impacto emocional como el económico de la discriminación.

Los testimonios recopilados revelan que la discriminación contra la comunidad LGBTIQ+ en Perú no solo afecta la salud mental, sino que también genera gastos imprevistos que pueden superar los S/10.000 anuales. Según la investigación, muchas personas destinan entre S/2.000 y S/4.000 al año a terapias psicológicas y medicamentos como antidepresivos para enfrentar el rechazo social. En el caso de las personas trans, los costos se elevan aún más: reportan desembolsos anuales de entre S/3.000 y S/4.000 en terapia hormonal, además de la compra de binders, packers y cirugías como mastectomías, cuyos precios oscilan entre S/16.000 y S/25.000. Juárez explicó que estos gastos están ligados al proceso de asumir públicamente la orientación sexual o la identidad de género en un entorno donde persisten la discriminación y el estigma. “Muchos de los gastos asociados al proceso de transición o al coming out recaen sobre el cuidado de la salud mental. En muchos casos ni siquiera se busca alcanzar un bienestar óptimo, sino simplemente lograr la supervivencia y una estabilidad emocional mínima”, sostuvo. El informe también detalla cómo la discriminación obliga a modificar la vida cotidiana para protegerse de la violencia. Después de los gastos médicos y psicológicos, el 35,3% de las personas encuestadas afirmó haber pagado transporte adicional para cambiar sus rutas habituales y evitar agresiones o zonas consideradas peligrosas. Asimismo, el 22,1% indicó haber enfrentado mudanzas forzadas tras ser expulsadas de sus hogares o sufrir rechazo en sus vecindarios, con algunos testimonios que reportan gastos de hasta S/10.000 anuales en alquileres no previstos. A ello se suman los costos legales: el 15,2% señaló haber invertido dinero en asesorías jurídicas, denuncias o procesos para defenderse frente a casos de violencia, abuso o discriminación laboral. Estos datos evidencian que la falta de cobertura estatal y el estigma social imponen una carga económica adicional a una comunidad que ya lucha por su supervivencia y estabilidad emocional.

Barreras en el sistema de salud y tratamientos inseguros

El temor a la discriminación lleva a que muchas personas LGBTIQ+ eviten acudir a los centros de salud, según advierte la investigación. Juárez explicó que no se trata solo de la falta de servicios especializados: "Existen barreras para acceder incluso a cualquier atención médica porque la percepción de estigma comienza desde la persona que recibe a los pacientes hasta los propios profesionales de salud". Esta situación afecta tanto la atención general como los tratamientos específicos para personas trans.

Aunque existe una norma técnica que contempla la terapia hormonal para mujeres trans, su implementación sigue siendo deficiente. "Actualmente es inaceptable que la terapia hormonal continúe siendo prácticamente inexistente en muchos establecimientos de salud. Los pocos médicos que brindan este servicio lo hacen porque se han capacitado por iniciativa propia, no porque exista una política pública que los respalde", afirmó la especialista.

Ante la ausencia de servicios públicos suficientes, muchas mujeres trans recurren a alternativas informales para acceder a hormonas. Es frecuente que compren medicamentos directamente en farmacias siguiendo recomendaciones de otras personas de la comunidad o de profesionales que carecen de formación especializada. "Esa situación expone a muchas mujeres a riesgos importantes. Algunas abandonan los tratamientos por falta de recursos o reemplazan medicamentos por otros más baratos creyendo que tienen el mismo efecto, lo que puede poner en peligro su salud", advirtió Juárez.

Las redes de apoyo sustituyen al Estado

Frente a estas carencias, las amistades y organizaciones comunitarias se han convertido en el principal soporte emocional. El estudio encontró que el 68,6% de las personas encuestadas identifica a sus amistades cercanas como la principal red de contención frente al estrés derivado de la discriminación. También cumplen un papel importante las organizaciones LGBTIQ+ y las casas de acogida, que ofrecen acompañamiento, orientación y espacios seguros.

“Esto ya no puede verse como un problema que afecta únicamente a una parte de la población. Es una necesidad de salud pública. Un país donde no todas las personas pueden acceder a los mismos derechos no puede considerarse una sociedad plenamente libre ni en paz”, concluyó Juárez. La investigadora hizo un llamado a que el debate sobre los derechos de las personas LGBTIQ+ sea entendido como un asunto de interés colectivo, pues las redes de apoyo actuales —que funcionan gracias a la solidaridad entre pares— están cubriendo necesidades que deberían ser responsabilidad del Estado. “La gente busca alternativas porque necesita sobrevivir, pero no debería verse obligada a hacerlo”, sostuvo.

Entre las recomendaciones del informe figuran ampliar los servicios públicos de salud mental con enfoque afirmativo, descentralizar la atención especializada y garantizar que el Seguro Integral de Salud (SIS) cubra terapias y tratamientos dirigidos a la comunidad LGBTIQ+. También se propone fortalecer la capacitación permanente del personal de salud para eliminar prácticas discriminatorias. Para Juárez, el primer paso debe ser cumplir los compromisos que el propio Estado ya asumió, especialmente respecto a la provisión continua de terapia hormonal para mujeres trans y la capacitación de los profesionales de salud.

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