El Colegio de Abogados de Arequipa acudió al Tribunal Constitucional (TC) el último 7 de julio para interponer una demanda de inconstitucionalidad contra el decreto de urgencia (DU) que aprobó un nuevo “rescate” financiero para Petroperú. Así lo pudo conocer Gestión, que conversó con Walter Gutiérrez, abogado que lidera el equipo que patrocina la demanda.

Gutiérrez explicó que el Poder Ejecutivo ha emitido varios DU para apalancar dinero para la petrolera estatal, pero estas normas están diseñadas para emergencias imprevisibles como un terremoto o una pandemia, no para problemas ordinarios y estructurales. “Estos DU que están pensados para eventos de emergencia, situaciones excepcionales, no se pueden utilizar para cuestiones ordinarias, estructurales, que sabes que van a suceder”, señaló.

El abogado sostuvo que no se puede permitir al Estado seguir usando esta herramienta para darle más recursos a la empresa. “Realmente esta situación debió ser, primero, controlada por el propio Ejecutivo (...) El segundo filtro es el Congreso de la República, porque la propia Constitución señala que este tipo de normas son evaluadas por el Parlamento, pero no lo hizo. El tercer y último filtro es el TC, y ahí es donde estamos ahora”, agregó.

Cabe recordar que el DU cuestionado amplió los plazos establecidos en los decretos de urgencia anteriores (Nº 023-2022 y Nº 010-2022) y estableció medidas de optimización y austeridad para la sostenibilidad financiera de Petroperú, entre otras disposiciones.

Por qué el Colegio de Abogados de Arequipa presentó esta demanda

Gutierrez detalló las razones (de fondo y de forma) por las que el Colegio de Abogados tomó la decisión de ir por este camino.

Para el abogado Gutierrez, hay razones de fondo y de forma que justifican la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Colegio de Abogados de Arequipa. Una de ellas es que no se “activaron” los filtros necesarios para revisar el decreto de urgencia en favor de Petroperú. A esto se suma que la auditoría de la petrolera reveló que estuvo “en rojo” los últimos años. “A lo largo de los últimos años la petrolera estatal viene recibiendo apoyo del Estado para poder financiarse (...) pero, hemos tenido una compañía que registra pérdidas y reducción de su participación en el mercado”, señaló. Gutierrez también cuestionó hasta qué punto, mediante decretos de urgencia, el Estado puede financiar o sostener una empresa cuyo modelo —a su criterio— es “inviable”. Estas son, según él, razones suficientes para haber iniciado este camino legal.

El proceso que seguirá la demanda

Gutierrez intentó explicar lo que debería suceder en un “escenario ideal” durante los próximos meses, aunque reconoció que los tiempos de los procesos en el país son siempre un albur. En los próximos días, se esperaría que el Tribunal Constitucional (TC) admita la demanda o haga alguna observación para que sea subsanada. Una vez que esté en manos del tribunal, este debe emplazar al Poder Ejecutivo, que fue quien emitió el decreto de urgencia en cuestión.

El abogado estimó que, en un escenario ideal, el Tribunal Constitucional podría notificar al Ministerio de Energía y Minas (Minem), al de Economía y Finanzas (MEF) y a la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM) en un plazo de 30 a 45 días. Luego, el Poder Ejecutivo dispondría de unos 30 días para responder la demanda, tras lo cual el TC fijaría una fecha para la audiencia pública. “En esa (audiencia) expondremos ante el TC las razones legales, materiales, de por qué ese DU es inconstitucional. Los procuradores, por su lado, defenderán el DU. Luego el TC deliberará, y en el estado ideal de cosas, hacia fin de año se podría tener una sentencia”, complementó.

En caso de que el TC declare inconstitucional el decreto de urgencia de Petroperú, el abogado advirtió que ya existen “hechos consumados” que no se podrían revertir. “Si sucede que el DU se declara inconstitucional (...) aquello que ya hiciste y pasó no se va a poder revertir, pero ya no vas a poder usar otro DU para lo mismo. Lo que buscamos, justamente, es evitar que se siga utilizando esta herramienta que es una ‘puerta falsa’ por donde se están drenando recursos del Estado”, consideró. Así, la sentencia del TC buscaría impedir que el Ejecutivo recurra nuevamente a esta vía para inyectar fondos a la petrolera estatal, aunque lo ya ejecutado quedaría firme.

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