La auditoría a los estados financieros 2025 de Petroperú ha destapado una brecha preocupante: la petrolera reconoció pérdidas, pero la cifra que da por cierta la firma auditora es aún mayor. Según los resultados presentados ante la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), la compañía muestra una pérdida neta de US$ 601.5 millones.
Este resultado, que debe ser informado también a la Junta General de Accionistas (JGA) —integrada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Energía y Minas (Minem)—, ha generado malestar interno. De acuerdo con fuentes de la propia empresa consultadas por este diario, ya comienza a sonar el pedido de salida de parte de la plana gerencial.
Las pérdidas responden a cinco factores que afectaron a la compañía durante el 2025. En primer lugar, las restricciones operativas por los cierres de puertos debido a oleajes anómalos impactaron la operación de la Nueva Refinería de Talara (NRT), impidiendo el normal suministro de crudo hacia la refinería y el abastecimiento de su producción a terminales y plantas de ventas durante el primer semestre. A esto se suma la tendencia a la baja de los precios internacionales de crudo y productos, lo que afectó la realización de los inventarios.
Otro factor crítico fueron las restricciones en el acceso a líneas de crédito bancarias, que limitaron la liquidez necesaria para adquirir y asegurar oportunamente el suministro de crudo y productos para su procesamiento en las refinerías. Además, se registró una menor contribución de los lotes petroleros al resultado neto, atribuible principalmente a la culminación de los contratos de licencia de los Lotes I y VI en octubre de 2025, así como a los resultados negativos del Lote Z.
La normativa exige que esta información no solo se divulgue mediante un hecho de importancia ante la SMV, sino que también sea presentada formalmente ante la JGA.
El Sindicato de Trabajadores Administrativos de Petroperú (STAPP) ha insistido en la urgencia de fortalecer la gobernanza de la estatal mediante mayores estándares de transparencia, auditoría, eficiencia operativa y rendición de cuentas. Consideran que los procedimientos internos deben ejecutarse “en estricto apego al marco legal y al debido proceso, garantizando la objetividad, la imparcialidad y el derecho de defensa de los trabajadores”.
La auditoría de Gaveglio, Aparicio y Asociados corrige las cifras que la propia petrolera había reportado. En su informe del cuarto trimestre de 2025, publicado en febrero, Petroperú reconoció una pérdida neta de US$ 468.3 millones a diciembre del año pasado. Sin embargo, la sociedad auditora advierte que “la compañía debería incrementar la provisión por deterioro en los estados financieros al 31 de diciembre de 2025 y, en consecuencia, ha subestimado la pérdida por deterioro, la provisión por deterioro y el correspondiente activo por Impuesto a la Renta diferido por importes no cuantificados”.
Al 31 de diciembre de 2025, las cifras auditadas revelan que la compañía presentó un capital de trabajo negativo, con un pasivo corriente que supera al activo corriente en US$ 2,296.4 millones. Esta situación financiera, que ahora se corrige con pérdidas por US$ 601.5 millones, genera preocupación tanto externa como internamente en la empresa estatal.
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