El ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña, afirmó que el Gobierno peruano aún evalúa la posibilidad de elevar ante el Tribunal Constitucional (TC) aquellas leyes que generen gasto público. Sin embargo, la decisión final se postergará hasta después de la segunda vuelta electoral, para no “enturbiar el ambiente político”. En declaraciones a RPP, Acuña señaló: “Siempre es posible [ir ante el TC], no hemos descartado el tema. Pero, no queremos enturbiar el ambiente político. Queremos que pase tranquila la segunda vuelta [electoral] y ahí conversaremos con el Poder Ejecutivo, el presidente [José María Balcázar]. Discutiremos la posibilidad de que se genere un camino hacia el TC”.
Una de las normas que más inquieta al MEF es la reciente ley que otorga Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) y gratificaciones a los trabajadores del régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS). Al respecto, el ministro expresó su preocupación: “Nos preocupa el tema de los CAS, [el que le otorga] aguinaldos y CTS. No somos contrarios a las leyes, generan beneficios a los trabajadores, pero su implementación... a veces hasta la redacción está mal hecha. Se requiere dar gradualidad a la hora de implementar y establecer pautas importantes: a partir de cuándo le pagas la CTS a un CAS, por ejemplo. Han dejado vacíos”.
En otro frente, Acuña fue consultado sobre la posibilidad de replantear los contratos bajo la modalidad Gobierno a Gobierno (G2G). Cabe recordar que Denisse Miralles, cuando era titular del MEF y luego premier, buscó renegociar estos acuerdos al considerar que los recursos públicos no eran suficientes, dado que el mecanismo equivale a obra pública. En su opinión, se debía retomar el camino de las Asociaciones Público Privadas (APP).
El ministro de Economía, Rodolfo Acuña, reiteró que el crédito suplementario que alista el Gobierno, y que deberá debatir y aprobar el Congreso, “se sigue trabajando dentro de los marcos legales”. Adelantó que a fin de mes estaría listo, aunque no precisó el monto exacto. Eso sí, dijo que será menor a los S/ 7 mil millones que piden los gobiernos subnacionales para dar continuidad a los proyectos, porque se evaluarán las prioridades. “Son S/ 11 mil millones que no tenemos en este momento. Tenemos que establecer criterios”, agregó.
En otro momento, Acuña defendió la intención del Ejecutivo de elevar leyes ante el Tribunal Constitucional. “Es necesario [pensar en una nueva forma] [...] Hay una expansión fuera del marco presupuestal. Por eso, ahora tengo una Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) pidiendo S/ 3 mil millones”, explicó.
Sobre Petroperú, el ministro aclaró que el decreto de urgencia que autoriza una línea de financiamiento de US$ 2,000 millones no es un “salvataje”, pues no inyecta recursos públicos directamente a la petrolera estatal. Respecto al reciente cambio en la presidencia —salió Roger Arévalo y entró Edmundo Lizarzaburu—, Acuña señaló que se debió a que “el último presidente [Roger Arévalo] no estaba de acuerdo con que ProInversión esté como imagen [de la reestructuración] y se debía dejar a Petroperú solo”. “No estábamos de acuerdo con él”, remarcó. Además, mencionó que se debería realizar la anunciada auditoría forense.
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