La firma del contrato y la entrega del adelanto para la compra de los aviones F-16 han dejado al descubierto, de manera pública y abierta, la debilidad institucional al más alto nivel de la administración pública peruana. Este episodio no solo constituye una radiografía exacta de esa fragilidad, sino que también abrirá múltiples flancos que serán aprovechados tanto en la campaña para la segunda vuelta como durante el próximo gobierno.

El más alto cargo en la jerarquía de la administración pública es hoy el menos respetado y el que menos autoridad e influencia política tiene. Ya no se trata solo de lo que la prensa o las redes sociales puedan publicar o decir del presidente de turno sin filtro alguno, sino de la actitud y del tipo de relación que se establece entre el presidente y sus ministros o funcionarios, o entre el presidente y la prensa o la población.

Resulta increíble que un presidente comunique públicamente una decisión al país y se ratifique en lo dicho horas después, mientras que, en paralelo, su premier (a través de un comunicado), y su canciller y su ministro de Defensa, en declaraciones públicas, buscan desautorizarlo y desacreditarlo, llamándolo mentiroso. No sabemos exactamente qué pasó al interior del gobierno, ni cómo se llevaron las gestiones y negociaciones para la firma del contrato, y por ello no entraremos en detalles.

La crisis no empieza con Balcázar, pero recrudece con él. Aún está fresco el recuerdo de cómo Ernesto Álvarez calificaba públicamente a Jerí, su presidente y jefe, después de sus noches de disfraz y de cuentos chinos: lo tildaba de joven inexperto que caía en trampas, hablaba de conspiraciones internacionales y maltrataba a sus ministros, admitiendo abiertamente que ni siquiera conocía sus nombres. Ahora surgen otras interrogantes: ¿qué papel jugaron y de qué lado estuvieron el ministro de Economía y el resto del gabinete?, ¿por qué no renunciaron los otros ministros si estaban ante un presidente “mentiroso” y sin autoridad?, ¿cuál es el ambiente que se vive hoy en el Ejecutivo con un presidente al que sus ministros y funcionarios no respetan ni obedecen?, ¿qué piensan y cómo miran los militares a su comandante supremo?

No se trata de decir que todo es por haber vacado a Jerí. Es la consecuencia de haber elegido a Balcázar, que no es lo mismo. Cerrado el tema Jerí, los congresistas tuvieron otras dos opciones mejores, pero decidieron elegir la peor, quizás porque pensaron que iba a ser fácil manejar a Balcázar para sus intereses, pero les salió el tiro por la culata. Los que se opusieron a la vacancia de Jerí —acusado de presuntamente favorecer, con gestiones irregulares, los intereses y negocios de empresas chinas— señalando que era un despropósito vacarlo a seis meses del cambio de gobierno y frenando el desarrollo del país por el cambio de ministros, son los mismos que ahora quieren censurar a Balcázar en medio del proceso electoral y a dos meses del cambio de gobierno, por no querer entregarle un adelanto a una empresa norteamericana y dejar ese trámite al próximo gobierno.

La reacción del Congreso dejó más claro que nunca el férreo control que el Legislativo ejerce sobre el Ejecutivo: cuando el gobierno pretende salirse del libreto, los congresistas no se andan con contemplaciones. O el Ejecutivo hace lo que el Congreso dice, o le aplican la máxima pena. Resulta cuestionable e irresponsable mentirle al país y negarse a última hora a cumplir compromisos de Estado que previamente se aceptaron. Sin embargo, ni el gobierno ni los ministros involucrados han informado al país, guardando la reserva de lo que debe mantenerse como confidencial, sobre los detalles de las negociaciones. Hemos sabido más bien por los mensajes públicos, declaraciones y presiones poco diplomáticas y ortodoxas del embajador norteamericano que por las autoridades llamadas a ofrecer información. Todo esto ha profundizado la crisis institucional que vivimos, pero también ha sentado nefastos precedentes en el ámbito político y diplomático. Balcázar ha quedado ante su gabinete, el país y ante el mundo como un presidente sin ninguna autoridad y sin ninguna relevancia para la política peruana. Pero ha logrado, sin querer queriendo, algo que va a estar presente en la segunda parte de esta campaña electoral y, seguramente, durante el próximo gobierno. Las redes sociales ya muestran una ardua discusión sobre la conveniencia y oportunidad del gasto en aviones que serán entregados en el 2029, frente a otras prioridades que tiene el país. La sobrerreacción de algunos congresistas y políticos ha hecho que una parte de la población sospeche de negociaciones poco transparentes que podrían beneficiar irregularmente a ciertas personas o sectores vinculados a este proceso. Se ha acentuado la percepción del poder que el llamado “pacto mafioso” tiene sobre el Ejecutivo; sobre todo, “gracias” al protagonismo y “anuncios” del presidente del Congreso, se ha puesto mayor énfasis en el manejo del poder en este gobierno de parte del fujimorismo. Las “formas”, mensajes y presiones frecuentes del embajador norteamericano han puesto sobre la mesa la discusión sobre la posición peruana frente a las potencias mundiales y, concretamente, sobre los Estados Unidos, lo que seguramente será un tema de campaña. Todo este escándalo podría generar que el próximo gobierno promueva una investigación sobre este contrato. No sabemos si Balcázar buscó este escándalo o si su irresponsabilidad lo provocó, pero queda claro que este tema no quedará cerrado pronto.

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