En una tensa conferencia con corresponsales extranjeros, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, defendió este jueves la gestión gubernamental tras el doble terremoto del 24 de junio y rechazó las denuncias sobre la lentitud en la asistencia. La funcionaria tildó de "miserables" las críticas por los retrasos en el auxilio y confirmó que el balance de víctimas asciende a 2595 fallecidos y 12400 heridos, además de anunciar diálogos con el FMI para la reconstrucción del país.
La comparecencia, marcada por intercambios directos con medios internacionales, se produjo en medio de cuestionamientos sobre la militarización de las zonas afectadas y la falta de recursos básicos para identificar cadáveres. La periodista María Martín, del diario español *El País*, preguntó sobre la supuesta descoordinación inicial, a lo que Rodríguez respondió que el Estado se activó de inmediato mediante un decreto de emergencia y el despliegue de protección civil horas después del sismo. Atribuyó la percepción de demora a la complejidad del terreno, señalando que algunas vías en zonas remotas quedaron completamente obstruidas, dificultando el acceso incluso para vehículos motorizados.
Por su parte, el periodista Julio Vaqueiro, de la cadena *Telemundo*, señaló que muchos venezolanos se sienten despojados y cuestionó que se vea a militares con armas en lugar de palas en las zonas de desastre. Afirmó que testimonios recogidos en el lugar contradicen el discurso oficial sobre la cobertura estatal durante la emergencia. Rodríguez rechazó estas "generalizaciones" y aseguró tener otros testimonios, recogidos por ella misma, de agradecimiento de la población hacia el régimen. Alegó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha sido el pilar en el rescate de sobrevivientes, el establecimiento de hospitales de campaña y la organización de centros de acopio desde el primer día. La presidenta encargada también desestimó las denuncias de lentitud como parte de una supuesta campaña de desinformación.
La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, justificó la militarización del estado La Guaira, la región más afectada por el terremoto, argumentando que era necesario restringir el acceso para permitir el trabajo de los especialistas y evitar el colapso de las labores de búsqueda por la afluencia desordenada de personas. Según la funcionaria, los protocolos de emergencia aplicados están estrictamente contemplados en la legislación venezolana para el manejo de desastres naturales. “Es miserable, desalmado, desconsiderado a un pueblo bajo angustia bajo sufrimiento dolor causar ese tipo de caos”, alegó.
Rodríguez sostuvo que las denuncias sobre fallas en la gestión responden a “matrices de laboratorios mediáticos” diseñadas para generar caos. “La primera matriz mediática elaborada en laboratorios fue: bajen todos a La Guaira para causar caos, para impedir las labores de búsqueda y rescate”, dijo. “No es bueno ese tipo de generalizaciones porque ofendes a lo que de buena fe están ayudando y están trabajando”, agregó.
En cuanto a la infraestructura, minimizó las críticas sobre la presunta fragilidad de las viviendas construidas por el Gobierno, indicando que el 80% de los edificios colapsados pertenecían a desarrollos privados en zonas vacacionales de Caraballeda y Playa Grande.
Otro punto de fricción ocurrió cuando Jorge Martínez, del grupo Milenio de México, y Stefano Potzebond, de CNN International, consultaron sobre la brecha entre los datos oficiales y las estimaciones de organismos internacionales. Mientras el Gobierno cifra las muertes en poco más de 2500, se mencionó que el sistema de Naciones Unidas ha enviado cerca de 10,000 bolsas para cadáveres. Rodríguez defendió la rigurosidad de sus números, explicando que realizan cruces de datos con huellas dactilares y que incluso han detectado casos de personas registradas inicialmente como fallecidas que luego fueron localizadas con vida.
Desde el día del siniestro, diversos testimonios difundidos por medios internacionales y redes sociales denunciaban
la falta de presencia y apoyo logístico desde los organismos estatales.
Al cierre de la conferencia, Rodríguez reveló que padece una afección de salud, aunque evitó especificar la naturaleza de su dolencia. “Mi dolor interno o mi afección de salud prefiero convertirla en acción para ayudar y trabajar”, declaró la presidenta encargada, quien afirmó que su prioridad sigue siendo la fase de búsqueda y rescate, la cual no ha sido clausurada ante la esperanza de hallar personas con vida bajo los escombros mediante tecnología suministrada por equipos internacionales.
Respecto a la disposición de los restos, la funcionaria negó categóricamente que se estén utilizando fosas comunes. Aseguró que se han seguido protocolos de identificación por huella dactilar, fotografía y dictadura forense para permitir que cada familia reciba un expediente de su allegado. En cuanto a la infraestructura, minimizó las críticas sobre la presunta fragilidad de las viviendas construidas por el Gobierno, indicando que el 80% de los edificios colapsados pertenecían a desarrollos privados en zonas vacacionales de Caraballeda y Playa Grande.
A pesar de las tensiones diplomáticas habituales, Rodríguez anunció que el Gobierno mantiene contactos con el Departamento de Estado de EE. UU. y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para recuperar recursos que permitan financiar la reconstrucción de los 855 edificios afectados. Asimismo, destacó que ha recibido apoyo de 147 países, incluyendo a Estados Unidos, España, Italia, Israel y naciones con las que Venezuela no mantiene relaciones fluidas. Agradeció especialmente la llegada de rescatistas especializados y el ofrecimiento de líneas de crédito no reembolsables por parte del Banco Mundial y el Banco Interamericano.
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