El Tribunal Constitucional (TC) declaró improcedente la demanda de hábeas corpus presentada a favor del expresidente Pedro Castillo, con la que se pretendía anular el procedimiento parlamentario que derivó en su vacancia, ordenar su inmediata libertad y disponer su restitución como jefe de Estado. El recurso, interpuesto por el ciudadano José Ponce Quispe el 10 de marzo de 2025, fue desestimado por el colegiado al considerar que no se había acreditado una presunta vulneración de los derechos a la libertad e integridad personal.

En la demanda se argumenta que el acuerdo del Congreso que declaró la vacancia del exmandatario tras su fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, formalizado mediante una resolución legislativa, es inconstitucional. Según Ponce Quispe, el procedimiento de vacancia no respetó la exigencia de obtener 104 votos prevista en el artículo 89 del Reglamento del Congreso, vigente al momento de los hechos. Además, sostiene que el caso no encaja en los supuestos del artículo 117 de la Constitución para acusar a un presidente en funciones, que el mensaje leído por Castillo no configuró un peligro real para el Estado y que no se le brindó la oportunidad de rectificarse tras esos hechos.

El Tribunal Constitucional, en la sentencia a la que accedió RPP, declaró improcedente el hábeas corpus presentado por Pedro Castillo al considerar que los cuestionamientos al procedimiento de vacancia presidencial no tienen "una relación directa, concreta y negativa con la afectación del derecho a la libertad personal ni de los derechos conexos" que protege este recurso. El colegiado recordó que ya había establecido previamente que el Congreso actuó con "legítima celeridad" al declarar la vacancia por permanente incapacidad moral, en un contexto excepcional de emergencia y en defensa del orden constitucional que, según señaló, fue vulnerado por el exmandatario. El 4 de diciembre de 2025, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema condenó a Castillo a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por el delito de conspiración para la rebelión, tras el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. Además, el expresidente cumple prisión preventiva mientras es investigado por presunta organización criminal y otros delitos en los casos PetroPerú, Puente Tarata y Ministerio de Vivienda.

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