La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales declaró improcedente la denuncia constitucional presentada por la Fiscalía de la Nación contra Patricia Benavides, blindándola nuevamente. El expediente, que también alcanza al presidente José María Balcázar, quedó suspendido para él hasta que concluya su mandato debido a las restricciones constitucionales. Con esta decisión, la exfiscal de la Nación evita que el caso continúe su trámite político, pese a que el Ministerio Público sostenía que existían suficientes elementos para sustentar la acusación. La investigación planteaba que Benavides habría buscado el respaldo de Balcázar en la Subcomisión para frenar las denuncias constitucionales presentadas en su contra, cuando este aún integraba el Congreso. Como contraparte, la Fiscalía señalaba que el entonces congresista recibió apoyo en el proceso que afrontaba por presunta apropiación ilícita y que también solicitó la designación de su nuera, Scarlett Gálvez Campos, como fiscal provisional. Benavides volvió a ser blindada por el Congreso. Foto: difusión Foto del autor

La decisión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales de archivar la denuncia contra Patricia Benavides contrasta con la contundencia de los elementos presentados por la Fiscalía de la Nación. El Ministerio Público sustentó su acusación con 110 elementos de convicción, entre los que se incluyen declaraciones de testigos, registros de visitas al Parlamento, conversaciones de WhatsApp, resoluciones fiscales y otros documentos que, según la institución, respaldaban la existencia de un presunto acuerdo entre la exfiscal de la Nación y el presidente José María Balcázar. El informe aprobado por la Subcomisión, según difundió Infobae, concluyó que no correspondía continuar con la denuncia por patrocinio ilegal al considerar que no se configuró el delito base. En cuanto al presunto cohecho, el documento recordó una disposición fiscal que calificó el nombramiento de un familiar de Balcázar como una actuación sin relevancia penal.

La fiscal superior que investigaba a Balcázar declaró que recibió comunicaciones de Jaime Villanueva y del fiscal Elmer Ríos cuando tenía a su cargo el expediente del hoy presidente. El expediente no se basó únicamente en la declaración del exasesor Villanueva, sino que incorporó diversos medios probatorios para acreditar el presunto intercambio de favores. Entre esos elementos figuraban testimonios, chats, documentos oficiales, registros de ingresos al Congreso y las votaciones realizadas en la propia Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

La decisión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales fue distinta para Patricia Benavides y José María Balcázar, pese a que la denuncia constitucional los comprendía a ambos. Mientras que la mayoría de integrantes respaldó el informe de calificación que recomendaba declarar improcedente la denuncia contra la exfiscal de la Nación, cerrando así el procedimiento para ella, el trámite contra el presidente fue suspendido. Esta suspensión se basa en el artículo 117 de la Constitución, que limita los supuestos para acusar a un mandatario en funciones, y en el criterio fijado por el Tribunal Constitucional sobre investigaciones durante el cargo. Por ello, el expediente contra Balcázar no fue archivado: permanecerá en suspensión mientras continúe en la Presidencia y podrá reactivarse una vez que concluya su mandato. En contraste, Patricia Benavides quedó fuera de este proceso tras la decisión de la Subcomisión.

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