El alcalde provincial de Ilo, Humberto Tapia Gara, hizo un llamado a los comuneros del distrito de Ite para que levanten el bloqueo del canal que abastece de agua potable a la ciudad, medida que, según advirtió, pone en riesgo a más de 80 mil habitantes. En declaraciones a Canal N, el burgomaestre señaló que la obstrucción de la infraestructura hidráulica afecta directamente el suministro para la población, así como el funcionamiento de establecimientos de salud, instituciones educativas y actividades económicas.

“Esta acción injusta que han tomado nuestros hermanos de Ite atenta contra la vida y la salud de la provincia de Ilo, una población de más de 80 mil habitantes que no tiene por qué sufrir estas consecuencias ante situaciones que no son de nuestra competencia”, afirmó Tapia.

El alcalde recordó que el suministro de agua hacia Ilo no es una concesión extraordinaria, sino un derecho vigente desde 1983. “No estamos reclamando que nos regalen ninguna gota de agua. Simplemente es un derecho que tenemos como provincia de Ilo desde 1983”, sostuvo.

Tapia relacionó la protesta con el conflicto limítrofe entre Tacna y Moquegua. Explicó que la medida de fuerza responde al desacuerdo de los comuneros con la observación del Poder Ejecutivo a un proyecto de ley sobre la delimitación territorial. No obstante, remarcó que esa decisión corresponde al Gobierno nacional y no a las autoridades de Ilo.

El alcalde de Ilo advirtió que el bloqueo del canal de agua ya ha reducido el suministro del servicio en la ciudad. Explicó que el caudal habitual, que oscila entre 360 y 400 litros por segundo, ha caído a aproximadamente 200 litros por segundo. La interrupción se debe a que el canal fue bloqueado con grandes piedras y sellado con concreto, según verificaron representantes de la Fiscalía de Prevención del Delito y efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), que acudieron al lugar. A pesar de su presencia, el paso del agua continúa interrumpido. “¿Qué le ha hecho la provincia de Ilo? No puedo resolver sus problemas porque no tengo competencia. Sus demandas deben dirigirse al Congreso, a la PCM o a la Presidencia de la República, no contra una población que no les ha hecho absolutamente nada”, manifestó el burgomaestre. El alcalde calificó el bloqueo como un delito, al considerar que afecta un servicio público esencial. “Considero que es un delito porque el Código Penal sanciona la restricción de servicios públicos. Vamos a tomar las acciones correspondientes porque están atentando contra la vida y la salud de una población de más de 80 mil habitantes”, afirmó, y anunció que impulsará acciones legales. Asimismo, pidió a las autoridades regionales de Tacna intervenir para promover el diálogo con los manifestantes y buscar una solución al conflicto.

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