La Contraloría General de la República detectó presuntas irregularidades en la gestión de ProInversión, la Autoridad Portuaria Nacional (APN) y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) en torno al desarrollo del Terminal Portuario Multipropósito de Chancay. Según el informe del organismo de control, ProInversión validó, tramitó y suscribió un contrato de inversión a pesar de que los representantes de la entonces empresa Terminales Portuarios Chancay S.A. no habrían acreditado el poder legal exigido para firmarlo.

Ese acuerdo fue modificado posteriormente mediante cinco adendas, lo que permitió a la empresa mantenerse dentro del régimen tributario especial. Como consecuencia, la compañía accedió y permaneció en el régimen de recuperación anticipada del IGV, recibiendo devoluciones por S/ 527,8 millones, según la Contraloría.

En el caso de la APN, la auditoría concluyó que la entidad aprobó el expediente técnico y otorgó habilitaciones portuarias para el proyecto pese a que existían diferencias entre dicho expediente y la certificación ambiental vigente respecto al trazo del túnel. Además, el expediente no incorporó la medida ambiental denominada sistema de geotubos y no se adoptaron acciones oportunas frente a la ejecución del túnel con un recorrido distinto al autorizado.

Respecto al MTC, la Contraloría sostuvo que la entidad no realizó una evaluación técnica integral de la información obtenida durante las supervisiones ambientales sobre la modificación del trazado del túnel, la suspensión del trasvase de arena y el mantenimiento de los geotubos. Ello habría limitado la aplicación oportuna de medidas sancionadoras ante presuntos incumplimientos ambientales.

Vista del Mega Puerto de Chancay Fotos: Mario Zapata N. / @photo.gec

Como parte de sus recomendaciones, el organismo de control planteó que su Procuraduría Pública promueva las acciones civiles correspondientes por los hechos vinculados al contrato de inversión y al beneficio tributario otorgado.

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) rechazó este miércoles las presuntas irregularidades señaladas por la Contraloría en el contrato de inversión del puerto de Chancay, y aseguró que su actuación se ajustó al marco legal vigente durante todo el proceso. En un comunicado, la entidad precisó que la suscripción del contrato se realizó conforme a los procedimientos del Decreto Legislativo N° 973 y su reglamento, que regulan el Régimen Especial de Recuperación Anticipada del Impuesto General a las Ventas (IGV). Este régimen, explicó ProInversión, busca otorgar a los proyectos en fase preproductiva la posibilidad de recuperar anticipadamente el IGV para fortalecer su liquidez y asegurar la continuidad de inversiones de gran magnitud. La entidad sostuvo, además, que la empresa cumplió con presentar la documentación que acreditaba las facultades de sus representantes para suscribir el contrato y proseguir con el trámite para acceder al beneficio tributario, conforme al reglamento vigente. De otro lado, la Contraloría dispuso remitir los hallazgos relacionados con las habilitaciones portuarias a la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción, y exhortó a la Autoridad Portuaria Nacional (APN) y al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) a determinar las responsabilidades de los funcionarios involucrados.

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