La controversia entre Cosco Shipping Ports Chancay Perú y el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) por las facultades de supervisión en el megapuerto de Chancay llegará al Tribunal Constitucional. La empresa anunció que presentará un Recurso de Agravio Constitucional luego de que la Segunda Sala Constitucional de Lima revocara un fallo previo que la favorecía y declarara improcedente su demanda de amparo.
El abogado de Cosco Shipping, Ramiro Portocarrero, explicó a RPP que la resolución judicial no abordó el fondo del asunto: determinar si Ositrán tiene competencia para ejercer una regulación integral sobre un puerto privado de uso público. La empresa sostiene que el cambio de criterio sobre las atribuciones del organismo altera el marco legal bajo el cual realizó una inversión de US$1.300 millones en el terminal portuario. Por ello, acudirá al Tribunal Constitucional para que ese aspecto sea evaluado.
Portocarrero sostuvo que el caso de Cosco Shipping va más allá del interés de la empresa y pone sobre la mesa un debate sobre la estabilidad del marco jurídico para las inversiones en el país. Recordó que el megapuerto de Chancay se ejecutó bajo un marco legal específico que respaldó una inversión superior a US$1.300 millones, y advirtió que modificar la interpretación de esas normas cuando el proyecto estaba a punto de iniciar operaciones implica cambiar las reglas con las que se realizó el desembolso.
Megapuerto de Chancay: Cosco Shipping critica el giro de Ositrán
El representante explicó que la Ley del Sistema Nacional de Puertos permite la operación de puertos privados de uso público sin necesidad de un contrato de concesión con el Estado. En ese contexto, afirmó que la intervención de Ositrán debería limitarse a casos vinculados con problemas de competencia o posiciones monopólicas. Además, recordó que años atrás el propio regulador, mediante informes técnicos, habría señalado que carecía de competencias para supervisar o sancionar un puerto sin contrato de concesión. Sin embargo, denunció que esa postura cambió cuando el terminal estaba próximo a iniciar operaciones, y ahora Ositrán sostiene que puede ejercer funciones regulatorias, de supervisión, fiscalización y sanción.
El abogado de Cosco Shipping defendió que el Megapuerto de Chancay es un terminal privado de uso público con carácter exclusivo, donde los servicios auxiliares los presta la propia empresa y no terceros. Por ello, sostuvo que los eventuales problemas de competencia deberían ser evaluados por el Indecopi y no por Ositrán. Para la compañía, el cambio de criterio judicial genera incertidumbre: no solo implica el pago del aporte por regulación —equivalente al 1% de los ingresos brutos—, sino que también permitiría a Ositrán intervenir en niveles de servicio, tarifas, obligaciones operativas y otras decisiones de gestión del puerto.
Respecto al aporte por regulación, Portocarrero indicó que se viene pagando "bajo protesta" para evitar un mayor conflicto con el Estado. Según sus cálculos, actualmente representa menos de S/100 millones al año, aunque prevé que el monto aumente conforme crezcan las operaciones del terminal.
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