Un megaoperativo simultáneo de la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional en Apurímac, Lima, La Libertad y Puno permitió desarticular una presunta organización criminal denominada “Las Corbatas Negras”, conformada por funcionarios y trabajadores del Poder Judicial. En el marco de estas acciones, agentes de la División de Investigación de Delitos de Corrupción vinculados al Crimen Organizado, en coordinación con el Ministerio Público, ejecutaron cinco detenciones preliminares y 21 allanamientos en distintas sedes judiciales y viviendas vinculadas a los investigados.

De acuerdo a Canal N, entre los detenidos está el presidente de la Corte Superior de Justicia de Apurímac y su esposa; también figuran el coordinador de Servicios Judiciales de Recursos Humanos, el jefe de Imagen Institucional y el coordinador de Recursos Humanos de la institución. Los allanamientos se desarrollaron en Lima, Trujillo, Puno, Abancay y Andahuaylas, e incluyeron las instalaciones de la Corte Superior de Justicia de Apurímac, el Módulo Penal de Abancay, el Módulo Básico de Justicia de Andahuaylas y el Módulo Penal de esa provincia.

Según las pesquisas, la presunta organización criminal habría operado para ejercer control sobre decisiones dentro de la administración de justicia. Se trata de al menos 14 hechos investigados que permitirían identificar un esquema destinado a favorecer determinados procesos judiciales mediante presuntas prácticas irregulares. Las investigaciones señalan que los implicados habrían ejercido presiones y represalias contra magistrados para presuntamente influir en resoluciones judiciales, además de promover designaciones irregulares de jueces supernumerarios y personal administrativo sin cumplir requisitos necesarios.

También se incluyen presuntos actos de tráfico de influencias en procesos de contratación, manipulación del sistema informático institucional para direccionar expedientes judiciales, hostigamiento contra servidores que denunciaron irregularidades y el uso de documentación presuntamente falsa para acceder a cargos de confianza. Se investiga además el presunto cobro de aportes económicos a trabajadores.

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