Con la mirada puesta en su asunción el próximo 28 de julio, la virtual presidenta Keiko Fujimori ya ha comenzado a tender puentes con distintas fuerzas políticas. En las últimas semanas, ha recibido a excongresistas como Yehude Simon (Partido Humanista), Jorge del Castillo (APRA) y Juan Sheput (independiente), en una serie de reuniones que buscan allanar el camino hacia la transición.
Sin embargo, persiste la incertidumbre sobre la composición del próximo Gabinete Ministerial y quién lo encabezará. Lo que sí está claro es que el nuevo gobierno hereda una serie de problemas que no pueden postergarse hasta 2027 y que requieren atención inmediata este mismo año.
De urgencia
Entre los principales desafíos que enfrentará la lideresa de Fuerza Popular figuran el déficit fiscal, las millonarias deudas de Petroperú, la ampliación del Reinfo, la inseguridad ciudadana y el fenómeno de El Niño. Sobre este último, ya hay estimaciones de instituciones públicas. El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), liderado por Julio Velarde —a quien Fujimori se comprometió a respaldar—, advirtió que el evento climático podría restar 0.7 puntos porcentuales al crecimiento económico al cierre de 2025.
Los sectores más afectados serían el comercio, la agricultura, la construcción y la pesca. Martín Valencia, jefe de Estudios Económicos del Instituto Peruano de Economía (IPE), detalló que la captura de anchoveta se desplomó un 98% en mayo último, lo que impactará directamente en la producción de harina de pescado. “Las cifras de crecimiento y de exportaciones del segundo y tercer trimestre serán más bajas de lo que se esperaba a inicios de año”, señaló a RPP.
Valencia también recordó que la temporada de lluvias, que suele ir de diciembre a marzo, afectará “cultivos de la costa norte, como el arroz, limón y caña de azúcar; así como a productos de la sierra central como el plátano”.
En el sector construcción, la informalidad alcanza al 60% de las viviendas del país (3 de cada 5), que “son informales; no tienen las estructuras adecuadas, servicios básicos o títulos de propiedad”, según precisó la lideresa de Fuerza Popular. A fines de junio, la Cámara de Comercio de Lima (CCL) ya había alertado que el gobierno de Balcázar terminará su gestión sin haber ejecutado S/11 621 millones destinados a obras de prevención. La Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) reporta un avance estimado del 51% al 19 de junio de 2026, sobre un total de 61 proyectos valorizados en S/22 784 millones. Las cifras por región evidencian el rezago: Lima presenta solo un 3.7% de avance y S/1550 millones sin ejecutar; Lambayeque, un 9.9% de avance y S/1217 millones sin ejecutar, entre otras regiones.
En la agenda de temas urgentes también figura la criminalidad. Nueve de cada diez economistas señalan que la inseguridad ciudadana y el crimen organizado “lideran los riesgos económicos de corto plazo”, de acuerdo al Instituto Peruano de Economía (IPE). Las cifras de este año son desalentadoras: hasta junio de 2026 se registraron 4867 decesos por muerte violenta, según el Sistema de Información de Defunciones (Sinadef). De ese total, 1055 fueron homicidios, 1108 no tienen causas específicas y 1557 corresponden a accidentes de tránsito. El costo de la inseguridad ciudadana asciende a 11 mil 800 millones de dólares anuales, según el sexto reporte del Observatorio del Crimen y la Violencia. Además, el 45% de ciudadanos afirmó conocer negocios que cerraron o fueron restringidos por la delincuencia, lo que representa un crecimiento del 32% respecto al 2025, es decir, 3.2 millones de peruanos afectados adicionales.
En el frente fiscal, el déficit y el control del gasto público también figuran entre los asuntos que el gobierno de Keiko Fujimori deberá priorizar. A mayo de 2026, el déficit fiscal se ubicó en 1.6% del PBI anualizado, una cifra que aún genera alertas pese a un ligero descenso: del 2.2% registrado a fines de 2025 se pasó a 2.1% al cierre del primer trimestre de 2026, y en abril y mayo se reportaron 1.9% y 1.6%, respectivamente, según el BCR.
En ese contexto, el Consejo Fiscal alertó que el Congreso aprobó 11 leyes entre enero y marzo de este año que suponen un gasto de S/11 400 millones, cifra que podría llegar a S/15 000 millones. El problema de fondo es una iniciativa de gasto que el Parlamento no tiene, pero que fue amparada por una sentencia del Tribunal Constitucional emitida en pandemia. A esto se suma que el gobierno de Balcázar impulsa un crédito suplementario de S/9000 millones en el Legislativo, equivalente al 1% del PBI.
Petroperú también será un punto clave: se necesita una política que detenga el endeudamiento y el despilfarro en los que incurre la empresa estatal. En seguridad ciudadana y lucha contra economías ilegales, una encuesta del IPE revela que ocho de cada diez economistas consideran que, de buscar facultades legislativas en el primer tramo de su gobierno, Fujimori “debería priorizar la seguridad ciudadana y la lucha contra economías ilegales”, como la minería ilegal.
En esa materia, el gobierno tiene un asunto urgente: el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Su ampliación vence “el 31 de diciembre de 2026, o hasta la entrada en vigor de la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) y su reglamento, lo que ocurra primero”. Esta figura ha sido catalogada como una oportunidad para que miles de mineros informales operen incumpliendo reglas ambientales y normativas legales.
La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) hizo un llamado público a Keiko Fujimori para que priorice “la unidad nacional, la seguridad ciudadana, las acciones para enfrentar el fenómeno de El Niño, la generación de empleo formal y el crecimiento económico”. El gremio empresarial añadió: “Reiteramos nuestra disposición de trabajar conjuntamente en una agenda de consensos que promueva la inversión privada, la competitividad, el empleo formal y más oportunidades”. Mientras tanto, la situación financiera de Petroperú se agravaba. A octubre del 2025, la petrolera estatal registraba pérdidas netas por S/1611 millones y, para diciembre del mismo año, acumulaba deudas con proveedores superiores a los S/2569 millones. El Estado ya había inyectado, entre 2022 y 2024, S/17 mil 888 millones en ayudas económicas, una cifra que supera los presupuestos anuales de sectores como Salud y Educación. Aunque José Jerí impulsó una política de austeridad mediante un Decreto de Urgencia con vigencia de un año, el 31 de diciembre del 2025, Balcázar autorizó que la empresa solicitara un financiamiento de $2000 millones a la banca privada internacional, con el Estado peruano como garante.
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