La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) cuestionó duramente la reciente apertura de procesos disciplinarios contra magistrados del Poder Judicial, incluyendo a jueces supremos que ejercieron el control difuso. Para la organización, esta medida representa "un grave precedente para el Estado Constitucional de Derecho", pues atenta contra la independencia judicial al sancionar a quienes aplicaron la Constitución y los estándares internacionales de derechos humanos.
Entre los jueces afectados figuran Víctor Prado Saldarriaga, Araceli Baca Cabrera, Dante Terrel Crispín, María Vásquez Vargas y Ángela Bascones Gómez Velásquez. Todos ellos inaplicaron la Ley 32107 en un proceso vinculado a las esterilizaciones forzadas de la dictadura de Alberto Fujimori. También se han iniciado procesos contra los magistrados Richard Concepción Carhuancho y Jorge Chávez Tamariz.
Además, la CNDDHH criticó la nueva ley que traslada a la justicia militar-policial los casos contra efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, advirtiendo que esta norma podría generar impunidad en delitos de derechos humanos. La organización recordó que la Junta Nacional de Justicia abrió estos procedimientos disciplinarios justo después de que los jueces aplicaran el control difuso, una facultad constitucional que les permite inaplicar leyes que consideran contrarias a la Carta Magna.
"Sin jueces libres no hay democracia", sentenció la Coordinadora, al tiempo que exigió el cese de lo que calificó como una persecución contra los operadores de justicia.
Critican aprobación de nueva ley
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos también cuestionó la ley que dispone que policías y militares sean juzgados por el fuero militar-policial en determinados casos. Según la organización, esta legislación genera un escenario de impunidad que podría agravar futuras violaciones a los derechos humanos. 'Esta ofensiva se produce en paralelo con la aprobación de normas que amplían inconstitucionalmente la competencia del fuero militar-policial, desnaturalizando su carácter excepcional y permitiendo que hechos que deben ser conocidos por la justicia ordinaria, especialmente aquellos que involucran presuntas violaciones de derechos humanos, puedan ser desplazados hacia una jurisdicción que no ofrece las garantías de independencia e imparcialidad', apuntó la Coordinadora.
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En su comunicado, la organización también subrayó que 'ningún juez puede ser investigado o sancionado por el contenido de sus decisiones cuando estas se sustentan en el ordenamiento jurídico nacional y en las obligaciones internacionales asumidas por el Estado peruano'. Finalmente, la Coordinadora hizo un llamado a respetar la independencia judicial como un pilar fundamental de una sociedad democrática. 'Sin jueces libres de presiones políticas no hay tutela judicial efectiva, igualdad ante la ley ni democracia', concluyó.
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