La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, solicitó a la presidenta electa, Keiko Fujimori, la derogación de las leyes procrimen aprobadas por el Congreso. La magistrada advirtió que la Ley 32326 frena la incautación de dinero y bienes ilícitos, lo que generó una pérdida de US$50 millones para el Estado peruano durante el año 2025.

“Tengo el deber ético e institucional de alzar la voz con absoluta firmeza técnica frente a contrarreformas legislativas. Me refiero de manera directa a la Ley 32326. Esta modificación normativa, lejos de dotar al Estado de mejores herramientas para combatir los activos criminales, representa un severo retroceso estructural que debilita el núcleo del sistema de recuperación de activos”, señaló Tello.

En su demanda, la titular del PJ exigió una revisión urgente de la norma al considerar que obstaculiza la recuperación de propiedades y dinero de origen ilícito. Explicó que la ley obliga a los jueces a esperar una condena penal firme antes de retener bienes a sospechosos, lo que condiciona la extinción de dominio —mecanismo clave para incautar dinero y bienes a las mafias— a juicios que pueden extenderse indefinidamente. Tello advirtió que esto debilita y pone trabas a la lucha contra la delincuencia en el país, representando un retroceso estructural para el Poder Judicial.

Janet Tello, titular del PJ pide a Keiko Fujimori derogar leyes pro crimen.

La jueza Tello Gilardi advirtió que la ley de extinción de dominio no es un debate teórico, sino que ya generó pérdidas millonarias. Según detalló, “debido a estas modificaciones que truncan la celeridad del proceso (…) ha disminuido la eficacia en la desarticulación financiera del crimen, afectando la extinción de fortunas ilícitas, cuya afectación se estima en alrededor de 50 millones de dólares en el año 2025”. Explicó que exigir una sentencia penal previa contraviene los tratados internacionales de la ONU y las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Ante este panorama, la magistrada se dirigió directamente a la presidenta electa Keiko Fujimori para que intervenga al asumir el gobierno. Señaló que condicionar los procesos penales solo beneficia a las redes criminales. “Las modificaciones de la ley de extinción de dominio (…) favorecen la impunidad económica y significa otorgar una tregua temporal para que los testaferros licúen, transfieran y oculten el dinero mal habido”, manifestó.

Además, la jueza anunció que el Poder Judicial evalúa usar mecanismos constitucionales junto a otras instituciones para defender las leyes del país y preservar el sistema jurídico. “Este Poder Judicial no permanecerá silente. En estricta coordinación con las instituciones que defienden la legalidad democrática, nos mantenemos firmes en la evaluación de los mecanismos constitucionales pertinentes para preservar la integridad, la autonomía y la eficacia de nuestro ordenamiento jurídico”, enfatizó.

El juez supremo Manuel Luján Túpez, coordinador nacional del Subsistema Nacional Especializado en Extinción de Dominio, señaló que el Perú se ha convertido en un referente mundial en la recuperación de bienes ilícitos. Agradeció el apoyo de los expresidentes del Poder Judicial desde la creación del subsistema y reconoció el respaldo de la titular del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, para consolidar 24 juzgados especializados en todo el país, con planes de expandirse a zonas críticas como Pataz, en La Libertad.

A pesar de las trabas legales que enfrenta el sistema, Tello Gilardi destacó que el subsistema de extinción de dominio ha logrado recuperar más de US$215 millones (más de S/735 millones). Estos recursos incluyen activos líquidos, así como bienes muebles e inmuebles de gran envergadura que antes financiaban al narcotráfico, la minería ilegal y la corrupción. “Hoy, gracias a la firmeza de este subsistema, estos activos ilícitos son reconvertidos a favor del Estado para ser invertidos en beneficio del país en forma de escuelas, hospitales, infraestructura y herramientas que fortalezcan la seguridad de nuestra ciudadanía”, concluyó la magistrada.

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