En noviembre de 2019, José Gutiérrez, entonces jefe del grupo Halcones de la Unidad de Emergencia de la Policía Nacional del Perú (PNP) en Juliaca, Puno, aprovechó su cargo para exigir pagos indebidos a los efectivos bajo su mando. Según la investigación fiscal, el excomandante solicitó sumas de S/50 y S/200 a cambio de no reportar las presuntas infracciones de sus subordinados ante la Inspectoría General, incurriendo en el delito de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial.
El Poder Judicial, en primera instancia, lo condenó a seis años de prisión efectiva. La sentencia fue emitida tras determinar que Gutiérrez utilizó su posición como jefe del grupo Halcones para exigir los cupos, evitando así que las faltas fueran registradas oficialmente. La Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Puno (Segundo Despacho) informó sobre el fallo, que sanciona al exjefe policial por los hechos ocurridos hace más de seis años.
La condena se suma a otros casos de corrupción en la PNP, donde autoridades han sido procesadas por exigir pagos ilegales a cambio de favores o silencio administrativo. Gutiérrez, quien lideraba la unidad de emergencia en Juliaca, ahora enfrenta una pena privativa de la libertad que refleja la gravedad de los actos cometidos contra la institucionalidad policial.
El fiscal adjunto provincial Juan Elías Jamachi Cueva presentó en el juicio oral los testimonios de efectivos policiales sobre los cobros realizados por el exjefe, los cuales fueron respaldados por otros elementos probatorios que acreditaron su responsabilidad penal. Además, el representante del Ministerio Público constató que las sanciones disciplinarias impuestas por el sentenciado fueron anuladas posteriormente por la Inspectoría de la Policía Nacional por carecer de sustento, lo que evidenció que su conducta buscaba obtener beneficios económicos mediante el abuso de su cargo.
Aunque la Fiscalía señaló que la pena para Gutiérrez es efectiva, su ejecución quedó suspendida provisionalmente hasta que la resolución sea confirmada en segunda instancia. Durante este periodo, el condenado deberá cumplir obligatoriamente estrictas reglas de conducta. También se le impusieron seis meses de inhabilitación y el pago de S/10.000 como reparación civil a favor del Estado.
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Exjefe policial de Juliaca recibe seis años de prisión por cobrar cupos a sus subordinados
En noviembre de 2019, José Gutiérrez, entonces jefe del grupo Halcones de la Unidad de Emergencia de la Policía Nacional del Perú (PNP) en Juliaca, Puno, aprovechó su cargo para exigir pagos indebidos a los efectivos bajo su mando. Según la investigación fiscal, el excomandante solicitó sumas de S/50 y S/200 a cambio de no reportar las presuntas infracciones de sus subordinados ante la Inspectoría General, incurriendo en el delito de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial.
El Poder Judicial, en primera instancia, lo condenó a seis años de prisión efectiva. La sentencia fue emitida tras determinar que Gutiérrez utilizó su posición como jefe del grupo Halcones para exigir los cupos, evitando así que las faltas fueran registradas oficialmente. La Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Puno (Segundo Despacho) informó sobre el fallo, que sanciona al exjefe policial por los hechos ocurridos hace más de seis años.
La condena se suma a otros casos de corrupción en la PNP, donde autoridades han sido procesadas por exigir pagos ilegales a cambio de favores o silencio administrativo. Gutiérrez, quien lideraba la unidad de emergencia en Juliaca, ahora enfrenta una pena privativa de la libertad que refleja la gravedad de los actos cometidos contra la institucionalidad policial.
El fiscal adjunto provincial Juan Elías Jamachi Cueva presentó en el juicio oral los testimonios de efectivos policiales sobre los cobros realizados por el exjefe, los cuales fueron respaldados por otros elementos probatorios que acreditaron su responsabilidad penal. Además, el representante del Ministerio Público constató que las sanciones disciplinarias impuestas por el sentenciado fueron anuladas posteriormente por la Inspectoría de la Policía Nacional por carecer de sustento, lo que evidenció que su conducta buscaba obtener beneficios económicos mediante el abuso de su cargo.
Aunque la Fiscalía señaló que la pena para Gutiérrez es efectiva, su ejecución quedó suspendida provisionalmente hasta que la resolución sea confirmada en segunda instancia. Durante este periodo, el condenado deberá cumplir obligatoriamente estrictas reglas de conducta. También se le impusieron seis meses de inhabilitación y el pago de S/10.000 como reparación civil a favor del Estado.
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