El ingeniero industrial Carlos Loyola Escajadillo, aspirante a la jefatura de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), presentó un recurso de reconsideración ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para que revierta su exclusión del concurso público. En su escrito, Loyola sostiene que se ha vulnerado su derecho fundamental al acceso a la función pública en condiciones de igualdad y meritocracia.
La JNJ declaró desierto el proceso de selección luego de que los dos únicos postulantes que llegaron a la etapa final quedaran fuera: Loyola fue excluido y Amparo Ortega renunció por motivos personales de salud. Esto dejó al organismo sin posibilidad de designar a un jefe definitivo para la ONPE.
Según la JNJ, Loyola omitió declarar dos procesos judiciales en trámite en su ficha de postulación. Sin embargo, el candidato excluido asegura que, aunque esos procesos —de materia civil— no fueron consignados inicialmente, sí los actualizó durante la fase de actualización de datos, antes del cierre de la evaluación. “No existió ocultamiento de mala fe, sino error con subsanación voluntaria antes del cierre de la evaluación; por ende, aplicar la exclusión automática ante una conducta de transparencia y colaboración con la administración resulta desproporcionada, irrazonable y punitiva”, agregó en su recurso ante el Pleno de la JNJ.
Loyola también argumentó que estos procesos civiles “no constituyen ningún impedimento legal para ejercer la jefatura de la ONPE, ni evidencian objetivamente una afectación a la probidad o idoneidad moral, máxime si aún se encuentran en proceso (no concluido), lo cual no afecta mi idoneidad profesional”.
En diálogo con RPP, Carlos Loyola Escajadillo detalló los dos procesos que enfrenta. El primero está vinculado al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y deriva de una investigación sobre su participación en actividades institucionales cuando era funcionario. Sobre este caso, indicó que un proceso disciplinario relacionado fue declarado nulo por la Autoridad Nacional del Servicio Civil, mientras que el proceso civil aún está pendiente de evaluación en un nuevo juzgado. El segundo proceso es una demanda civil por el atraso en el pago de una obligación con una cooperativa durante la pandemia de la COVID-19. Loyola señaló que no fue notificado debidamente hasta el año 2024 y que ha apelado la resolución al considerar abusivos los intereses cobrados.
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