Dos terremotos de magnitud 7.2 y 7.5, con epicentros en La Guaira, sacudieron Venezuela tras la colisión de la placa del Caribe y la Sudamericana. Esta fuerza sísmica a poca profundidad, la peor registrada desde 1900, dejó consecuencias terribles: se calculan 1700 fallecidos, cinco mil heridos, daños económicos por seis mil 700 millones de dólares (6% del PBI), 189 edificios colapsados y, según imágenes de la NASA, alrededor de 59 mil con fallas. La solidaridad nacional e internacional ayuda, aunque siempre resulta insuficiente. Pobladores venezolanos sin herramientas adecuadas remueven escombros buscando sobrevivientes, mientras equipos de salvataje especializados llegaron de México y Perú, entre otros.

Perú, zona sísmica sujeta a fenómenos naturales que se convierten en desastres por falla humana, debe recordar la tragedia del terremoto en Pisco en 2007: 76 mil viviendas destruidas, 595 fallecidos, 2 mil 291 heridos y 450 mil damnificados. Entonces recibimos ayuda y rescatistas de México, Cuba, Venezuela, Chile y más. No podemos continuar cediendo permisos para construir sin todas las garantías de diseño y estructura antisísmica o construir en zonas vulnerables, cerca de acantilados, lechos de ríos o lechos de lagunas, porque multiplican el desastre ante la ocurrencia de fenómenos naturales.

En economía necesitamos crecer y también redistribuir esa riqueza porque 30% de pobreza, 47% de menores con anemia y 12% de menores con desnutrición crónica es “¡una generación perdida!”. El derecho a la vida digna es el principal derecho. Se requiere respetar protocolos de seguridad y un alto a la corrupción que salta normas por lucro o deja de pagar impuestos.

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