El triunfo de Keiko Fujimori y su acceso a la presidencia tiene ribetes históricos, no solo por lo que puede significar para el presente sino para el futuro del país. Es como desactivar una bomba de tiempo o desatar un nudo gordiano.

Desde el último cuarto de siglo, el antifujimorismo fue para el país mucho más que un partido político: una corriente de oposición devastadora y una maquinaria que arrasó con cualquier vestigio reivindicativo de esta corriente política. Cierto es que hubo errores con las cuotas de poder administradas desde allí, pero también lo es que esa industria ideológica implacable transgredió el Estado de derecho y se complació del abuso y la arbitrariedad.

Alejandro Toledo centró su campaña en el antifujimorismo y ganó la presidencia en 2001 bajo los ecos de su Marcha de los 4 Suyos. En las segundas vueltas de 2011, 2016 y 2021, la misma devastadora doctrina colocó a Ollanta Humala, PPK y Pedro Castillo en el poder, todos enfrentados a Keiko. En 2011, Ollanta era el Roberto Sánchez de estos días. Su programa de gobierno tenía, igual que el de JP, tintes chavistas, estatizantes y totalitarios que constituían una amenaza finalmente frustrada por la influencia de Nadine. En 2021, como en 2026, los nexos del castillismo y el sanchismo con remanentes de Sendero fueron evidentes pero incapaces de disuadir al implacable antifujimorismo.

La gestión de Keiko tiene la obligación de disipar todos estos temores y pinchar esta histórica polarización. En 2031, el fujimorismo podrá mostrar los frutos de su gestión, traspasará el poder y no habrá un Fujimori que le allane el camino a esa izquierda vetusta, anárquica y embrutecida por la que muchos, irresponsablemente, votaron.

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