Mientras degustaba un adobo de chancho con yuquita, arroz y salsa criolla, acompañado de una jarrita de naranjada, mi amigo el fotógrafo Gary reflexionó sobre el rumbo de la política peruana. “Hace rato que la política dejó de ser una actividad que se realizaba con el único afán de servir al pueblo. Ahora a la mayoría de alcaldes, regidores, ministros o gobernadores, los mueven las ansias de dinero, el poder y fortuna”, afirmó.
Según Gary, esa realidad se hace más evidente de cara a las próximas elecciones municipales y regionales. “Hay verdaderos clanes familiares que postulan a varios municipios a la vez. Son hermanos, esposos, hijos, padres, primos y abuelos”. Un informe del diario El Comercio, publicado en marzo pasado, respalda esa percepción: reveló que 130 clanes de hermanos postularon en las listas para el Congreso bicameral y que más de 30 agrupaciones políticas recurren al parentesco para completar sus cuadros.
El objetivo, explica, es tener poder. Hace diez años una reforma de las leyes prohibió la reelección de alcaldes y gobernadores, pero “hecha la ley, hecha la trampa”. Las antiguas autoridades se reciclan como regidores o asesores, o postulan en otro distrito. “Casi nunca los mueve el afán de mejorar su localidad o dar una mejor calidad de vida a los vecinos. Buscan el milagro económico para ellos”, sentencia.
Algunos de estos candidatos viven en Lima y, sin embargo, se presentan en regiones como Moquegua o Madre de Dios. Su verdadera motivación, según Gary, es “dirigir contratos y licitaciones amañadas, pedir ‘diezmos’ por obras públicas, llenar sus dependencias de empleados afines, que les entregan una parte de su sueldo y muchas cosas más”. En contraste, añade, “atrás quedaron líderes políticos como Haya de la Torre, Fernando Belaunde o Luis Bedoya Reyes, que vivían para la política y no de la política”.
“Muchas autoridades ejercen clientelismo, usan el dinero para obras a fin de enganchar a sus electores”, denuncia. Esa práctica genera que los ciudadanos crean que el dinero para pistas, veredas, agua potable o losas deportivas sale del bolsillo del alcalde o los regidores. “Entiéndanlo, las autoridades están obligadas a servir a sus electores. No es dádiva, es derecho. Por eso, para los próximos comicios hay que pensar bien por quién votar”, concluye Gary. Tiene razón. Me voy, cuídense.
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