Gilia Ninfa Gutiérrez, gobernadora regional de Moquegua, afirmó que la Ley N.° 11658, aprobada por el Congreso y que desató una crisis limítrofe con Tacna, responde a intereses económicos de distintos sectores. En diálogo con La República, la autoridad también recordó el historial de disputas por los recursos naturales de la región.
“Debo decirlo con total contundencia: creo que todos los moqueguanos coincidimos en que detrás de esto existen intereses políticos y económicos vinculados a los recursos naturales que posee Moquegua. Todos sabemos que el mineral se encuentra inclinado hacia Moquegua y no hacia Tacna. Tenemos yacimientos importantes y también el caso de Toquepala, que hace muchos años pasó a Tacna. (...) Hoy ya se habla de una ampliación de Toquepala y estamos convencidos de que esa expansión se desarrollará en territorio moqueguano. Si hoy perdemos ese territorio, cuando esa ampliación se concrete, también perderemos el canon que por derecho nos corresponde. Sí, creemos que existen muchos intereses, pero hoy debemos mirar hacia adelante y plantear soluciones”, sostuvo.
Frente a este escenario, Gutiérrez pidió que el Ejecutivo observe la norma y convoque una mesa técnica para redefinir los límites entre ambas regiones, con participación de Tacna y Moquegua. La gobernadora busca que el diálogo prime por encima de las tensiones generadas por la ley, que ya motivó un paro indefinido y el bloqueo del Puente Montalvo en rechazo a la modificación territorial.
Gutiérrez advirtió que un eventual escalamiento del conflicto social en el sur del país por esta ley debe evitarse a toda costa. “Nos encontramos frente a un conflicto social que puede escalar en el sur del país. Por eso creemos que el presidente Balcázar tiene la oportunidad de ponerle fin observando esta norma”, declaró. En su opinión, lo más conveniente es observar la norma y retomar el debate en una mesa técnica con todas las partes involucradas. “Con la observación de la ley, Tacna no perderá absolutamente nada y Moquegua tampoco. Luego, como corresponde, deberá convocar a ambas regiones, instalar una mesa técnica liderada por la PCM y definir primero los límites interdepartamentales entre Tacna y Moquegua, que aún no están claramente establecidos. Una vez resuelto ese tema, la región Tacna podrá replantear su ordenamiento territorial interno, algo a lo que tiene pleno derecho”, agregó.
La gobernadora también se refirió al origen de la norma. Recordó que esta ley fue impulsada por la Presidencia del Consejo de Ministros durante el gobierno de Dina Boluarte, específicamente cuando Eduardo Arana encabezaba el gabinete ministerial. Para Gutiérrez, la actual mandataria tiene responsabilidad política en este proceso. “Creo que, en algún momento, la presidenta Dina Boluarte y sus funcionarios tendrán que rendir cuentas a la población de Moquegua”, afirmó.
Reunión en el Congreso
La gobernadora Gutiérrez calificó como positiva la reunión que sostuvo con el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi. En ese encuentro, Rospigliosi reconoció que el Parlamento fue sorprendido por el deficiente trabajo de la Secretaría de Demarcación Territorial de la PCM. "Lo que todos debemos tener claro es que los proyectos de demarcación territorial solo pueden ser impulsados por la Presidencia del Consejo de Ministros. El trabajo técnico lo realiza la Secretaría de Demarcación Territorial", señaló la autoridad regional.
Gutiérrez también cuestionó que ninguna autoridad de las zonas afectadas fue convocada para elaborar o discutir el proyecto de ley. "Nunca se convocó al Gobierno Regional de Moquegua, pese a que se estaban modificando los límites entre Tacna y Moquegua. Tampoco se consultó a la comunidad de Quebrada Honda, que es el sector que estaríamos perdiendo. Nunca se realizó una consulta para saber si sus habitantes querían pertenecer a Tacna", manifestó.
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