La Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas del Indecopi estableció un precedente de observancia obligatoria que define cómo resolver controversias cuando una norma admite más de una interpretación jurídicamente válida. Según la disposición, deberá prevalecer aquella que mejor cumpla las finalidades de la legislación sobre eliminación de barreras burocráticas, simplificación administrativa y promoción de la competitividad. La decisión busca dar mayor predictibilidad a empresas y ciudadanos, pero también abre el debate sobre los límites entre la promoción de la actividad económica y las facultades regulatorias de las entidades públicas.
La controversia surgió a raíz de una ordenanza municipal que exigía una autorización previa para realizar shows musicales en vivo y presentaciones de DJ en restaurantes y negocios similares, caso que ya había sido informado por Gestión. Al resolver la denuncia, la Sala concluyó que las municipalidades no tienen competencia para determinar qué actividades califican como simultáneas y adicionales dentro de establecimientos con licencia de funcionamiento, pues esa facultad corresponde al Ministerio de la Producción (Produce).
Durante la revisión del expediente, la Sala advirtió que el caso planteaba una discusión más amplia sobre cómo deben resolverse las controversias cuando una norma admite más de una interpretación posible. En ese contexto, consideró necesario desarrollar el alcance del denominado principio de interpretación favorable, incorporado a la Ley de Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas en 2023, con el fin de uniformizar los criterios que deberán seguir los órganos resolutivos del Indecopi.
Como resultado, se aprobó una metodología de tres etapas para aplicar este criterio: identificar las interpretaciones posibles, verificar cuáles son compatibles con el ordenamiento jurídico y elegir la alternativa que mejor favorezca la libre iniciativa privada, la libertad de empresa y la simplificación administrativa.
El precedente deberá aplicarse en todos los futuros procedimientos de barreras burocráticas que tramite el Indecopi. Para Jesús Espinoza, exdirector de la entidad y socio del estudio Muñiz, el principal aporte no es la creación del principio de interpretación favorable, sino el desarrollo de una metodología para aplicarlo. Este criterio ya estaba previsto en la Ley de Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas, pero hasta ahora carecía de reglas precisas sobre cuándo invocarlo. Gustavo Rodríguez García, socio del estudio Rodríguez García Asesoría Legal, sostuvo que el precedente llena ese vacío al precisar que, cuando una norma admita varias interpretaciones jurídicamente válidas, “deberá privilegiarse la que resulte más compatible con la libre iniciativa privada y la simplificación administrativa”. Ambos especialistas coincidieron en que el nuevo criterio puede entenderse como una analogía al principio penal del *in dubio pro reo*, según el cual la duda favorece al acusado. En este caso, explicaron, cuando una norma admita varias interpretaciones compatibles con el ordenamiento jurídico, el Indecopi deberá optar por aquella que mejor favorezca las finalidades del régimen de eliminación de barreras burocráticas, es decir, la libre iniciativa privada, la competencia y la simplificación administrativa. No obstante, precisaron que este criterio solo opera cuando existen varias interpretaciones legalmente válidas y no cualquier lectura posible de una norma. Así, el precedente establece una especie de “in dubio pro empresa” que busca equilibrar la aplicación de las reglas con la promoción de la libre empresa, pero siempre dentro de los márgenes legales.
Un test que reduce la discrecionalidad
La principal innovación del precedente, según los abogados, es la incorporación de una metodología obligatoria que reduce el margen de discrecionalidad que existía hasta ahora. Este test consta de tres pasos: primero, la autoridad debe verificar si existe una pluralidad de interpretaciones jurídicamente posibles; luego, determinar cuáles son compatibles con el ordenamiento jurídico; y, finalmente, elegir la interpretación válida que mejor cumpla los objetivos del régimen de eliminación de barreras burocráticas. De esta forma, se uniformizan los criterios que deberán seguir los órganos resolutivos del Indecopi.
Mayor predictibilidad para futuros casos
El precedente también fortalecerá la seguridad jurídica en los procedimientos de barreras burocráticas, coincidieron los especialistas. Espinoza señaló que la claridad sobre las reglas facilitará que empresas y abogados estructuren mejor sus estrategias e incluso podría favorecer la admisión de más denuncias cuando existan dudas interpretativas. Rodríguez García añadió que el verdadero valor de la resolución no está en el caso concreto de la municipalidad, sino en el criterio general que deberá aplicarse en todos los futuros procedimientos. Ambos especialistas coincidieron en que el nuevo criterio puede entenderse como una analogía al principio penal del in dubio pro reo, según el cual la duda favorece al acusado.
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