Bajo la presidencia de María Teresa Cabrera, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) se ha convertido en "un arma legal, un garrote jurídico" para controlar o "barrer" a los jueces y fiscales cuya independencia incomoda al poder político. Así, cualquier decisión judicial o administrativa es denunciada ante la JNJ, que rápidamente inicia o amenaza con iniciar un proceso disciplinario con suspensión y propuesta de destitución. Al cabo de algunos meses, el tiempo suficiente para cumplir con los procedimientos, la amenaza se convierte en sanción definitiva.
En la última semana, ante una denuncia ciudadana, la JNJ ha iniciado proceso disciplinario a los integrantes de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema: Víctor Prado Saldarriaga, Araceli Baca Cabrera, Dante Terrel Crispín, María Vásquez Vargas y Ángela Magalli Bascones Gómez Velásquez. Se trata de jueces de reconocida trayectoria que han estado al frente de casos muy complicados. El doctor Prado Saldarriaga fue uno de los tres jueces que sentenció a Alberto Fujimori, y la doctora Bascones integró el equipo de jueces anticorrupción que investigó los Vladivideos y la corrupción fujimorista.
Pero la ofensiva no se detiene ahí. La JNJ también ha iniciado investigación a toda la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, y ahora apunta al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, la máxima instancia administrativa de gobierno de este poder del Estado. La medida busca descabezar al Poder Judicial para controlar la justicia y sus decisiones.
Víctor Prado Saldarriaga es el actual juez decano de la Corte Suprema de Justicia.
La Junta Nacional de Justicia (JNJ) busca sancionar a magistrados por una decisión jurisdiccional: inaplicar la Ley 32107 en un caso de violación de derechos humanos, basándose en tratados firmados por el Perú y la jurisprudencia nacional e internacional. A esto se suman los procesos disciplinarios en curso contra los jueces nacionales de investigación preparatoria Richard Concepción Carhuancho y Jorge Luis Chávez Tamariz. Concepción Carhuancho ya fue suspendido por seis meses. La ley y la jurisprudencia establecen que los temas jurisdiccionales no deben ser objeto de un proceso disciplinario; si alguien discrepa de una decisión, puede apelar y cuestionarla dentro del mismo proceso, donde existen mecanismos de corrección.
La situación ha llegado a tal extremo que la sola mención de la JNJ se utiliza para presionar a los magistrados a tomar decisiones, abstenerse o cambiar su postura. La JNJ dejó de ser un organismo de control disciplinario para convertirse en un instrumento de terror político. Esto se ha hecho evidente con la crisis que atraviesa la Corte Nacional de Justicia Penal Especializada, tras la juramentación de ocho nuevos jueces titulares y su despliegue en los tribunales de esta jurisdicción. A los nuevos magistrados —Marco Angulo Morales, Javier Sologuren Anchante, Víctor Enríquez Sumerinde, Luis López Pinto, Nahyhon González Aguirre, Jony Peña Suasnabar y Wilfredo Ayala Valentín— se les presionó para que tomen el control de la Corte que ve los casos más complejos del país. Les han dicho que para eso han sido nombrados y que si no asumen esa "responsabilidad patriótica", la JNJ les abrirá proceso por no defender sus derechos.
El pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) debatirá este martes una propuesta para iniciar una investigación contra todos los integrantes del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ), la máxima instancia administrativa de este poder del Estado. La medida responde a una denuncia presentada por el congresista de Renovación Popular, Alejandro Muñante, quien pidió sancionar a los miembros del CEPJ por una supuesta falta grave. Según fuentes de La República, si la denuncia prospera, se descabezará al Poder Judicial, pues el Consejo es su máximo órgano de gobierno administrativo. La denuncia está dirigida contra el juez supremo decano Víctor Prado Saldarriaga, encargado de la presidencia del Poder Judicial y del CEPJ. Junto a él, se incluye a la jueza suprema Elvia Barrios Alvarado, Ramiro Bustamante Zegarra, Jhonny Cáceres Valencia y Carlos Zavaleta Grández, por pretender proteger la buena marcha de los procesos. El congresista Muñante los acusa de haber prolongado, el 22 de junio, el mandato del juez Jhonny Contreras como presidente de la Corte Penal Nacional hasta diciembre de 2026, pese a que supuestamente ya se instaló la primera Sala Plena de esta Corte. El cargamontón fue de tal intensidad que el presidente de la Corte, Jhonny Contreras, se vio obligado a renunciar y rechazar la resolución del CEPJ que había ampliado su mandato hasta diciembre. Actualmente, la Corte tiene un presidente que ha renunciado y no existe instancia que designe o elija a su sucesor.
María Teresa Cabrera, ex congresista de Podemos y presidenta de la Junta Nacional de Justicia.
Pese a que la autoconvocatoria a Sala Plena aún no se ha concretado, fuentes de La República indican que el jueves 25 de junio se realizaron reuniones preparatorias para ello. Ese mismo día, la denuncia presentada ante la JNJ por el congresista Muñante ya daba por instalada la Sala Plena y calificaba como falta grave las decisiones tomadas por el Consejo Ejecutivo tres días antes. Lo ocurrido en la Corte Penal Nacional, sumado a la denuncia de Muñante y las acciones inmediatas de la Junta, revela una serie de actos concertados para desestabilizar el sistema judicial. El objetivo sería poner en la guillotina a las principales autoridades del Poder Judicial y asumir el control de sus decisiones, sometiendo a los jueces al miedo. Este libreto ya lo vivió el PJ durante la dictadura de Fujimori-Montesinos, pero los jueces aprendieron a enfrentarlo.
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