En Lima, la conversación sobre el futuro del transporte urbano suele desembocar siempre en el mismo punto: nuevas líneas de metro, teleféricos o grandes obras de infraestructura. Todas ellas son necesarias, pero hay una pregunta que casi nunca nos hacemos: ¿quién moverá a los millones de pasajeros mientras esas obras se construyen? La respuesta es evidente: los buses.

Sin embargo, las políticas públicas siguen diseñándose como si el transporte urbano fuera únicamente un problema de ingeniería o de regulación. Antes que eso, es un modelo de negocio. Y cuando se desconoce cómo funciona ese negocio, la regulación termina imponiendo obligaciones sin crear las condiciones económicas para cumplirlas. Hoy, tanto el transporte autorizado como el informal continúan movilizando una parte significativa de los viajes diarios de Lima y Callao. Esa realidad no desaparecerá con una nueva línea de metro.

Por ello, la prioridad no debería ser renovar flotas o incorporar tecnología. Debe ser fortalecer el factor empresarial: empresas con escala suficiente para acceder a financiamiento, invertir en buses modernos, profesionalizar su gestión, implementar sistemas de recaudo electrónico y operar con estándares de calidad medibles. No son sistemas que compiten, sino que se complementan. Sin operadores sólidos, ninguna integración física o tarifaria será sostenible.

Quizá el desafío que tiene el nuevo gobierno para la política pública sea dejar de mirar únicamente la infraestructura y empezar a comprender la economía del transporte. Un corredor de buses no es solo una ruta: es una empresa que administra activos, asume riesgos, financia inversiones y presta un servicio público esencial. En ese rol, el Estado debe cumplir un rol habilitador y, claramente, de supervisión.

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