El devastador doble terremoto que sacudió a Venezuela ha vuelto a poner bajo la lupa al programa 'Gran Misión Vivienda', impulsado por Hugo Chávez y continuado por Nicolás Maduro. Varios edificios de este plan quedaron destruidos o seriamente dañados tras los sismos, y aunque expertos advierten que es prematuro determinar si existieron falencias estructurales que propiciaron los colapsos, ingenieros y arquitectos ya exigen al Gobierno de Delcy Rodríguez que audite otros complejos de viviendas sociales. Este programa, cuestionado en el pasado por falta de rigurosidad y sospechas de corrupción, fue lanzado un año antes de las elecciones de 2012 con la promesa de construir millones de hogares para ciudadanos de bajos ingresos, erigiéndose como una de las banderas del socialismo en el país. Chávez prometió la edificación de dos millones de viviendas en siete años. Tras su muerte en marzo de 2013, su sucesor Maduro amplió ese compromiso a cinco millones de casas para 2025. Sin embargo, con el paso del tiempo, organizaciones como Transparencia Venezuela en 2017 y diversos medios de comunicación denunciaron la mala calidad de las construcciones, falencias estructurales como grietas y filtraciones, laxitud en el cumplimiento de los códigos vigentes y esquemas de corrupción en la adjudicación de contratos. Esos cuestionamientos han resurgido ahora a raíz del doble terremoto, si bien los especialistas señalan que se requieren estudios para establecer las causas exactas de los derrumbes en el marco de un desastre natural sin precedentes que no distinguió entre lo público y lo privado. Según constató el medio venezolano El Estímulo, al menos dos urbanizaciones sociales de años recientes en La Guaira colapsaron y quedaron inhabitables. Uno era el complejo Ciudad Hugo Chávez Frías, inaugurado en 2013, y el otro el Luisa Cáceres de Arismendi, finalizado en 2015, ambos en el sector de Playa Grande, al oeste del estado más castigado por la catástrofe. Yelsa Rojas vivía en el primero de ellos, conocido como 'Los Cocos' por su proximidad a una playa del mismo nombre, un gigante de 1.100 viviendas que, en gran medida, ha sido reducido a añicos.

La Guaira, situada a unos 300 kilómetros del epicentro del doble terremoto, sufrió un impacto desproporcionado. Una de las explicaciones apunta a su geografía. Richard Casanova, director del Colegio de Ingenieros de Venezuela, señaló que los suelos blandos sobre los que se asienta este estrecho territorio lo hacen particularmente vulnerable a la destrucción. El segundo estado más pequeño del país está encajonado entre las escarpadas montañas de la cordillera del Ávila y el mar Caribe, lo que, según Casanova, canaliza las inundaciones y los deslizamientos de tierra hacia las zonas más pobladas.

El ingeniero civil Nicolás Labrópoulos, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, detalló a Reuters que la arena suelta, la grava y los escombros del subsuelo de La Guaira pueden hacer que las ondas sísmicas viajen más lentamente, pero aumenten en intensidad, amplificando el temblor. Además, advirtió que el suelo puede volverse aún más fluido durante un sismo, lo que representa riesgos adicionales para la planificación de construcciones en la zona. No es casualidad que La Guaira haya sido escenario del peor desastre natural de Venezuela en 200 años: en 1999, los deslaves arrasaron comunidades enteras y dejaron entre 10 000 y 30 000 muertos, una cifra que nunca se pudo precisar.

Más allá de la geografía y la magnitud inédita del movimiento telúrico, los expertos consideran probable que la negligencia en la ejecución y mantenimiento de proyectos inmobiliarios, tanto públicos como privados, haya agravado el costo humano. "La historia de las viviendas públicas de Chávez es una historia de corrupción y construcciones de baja calidad, levantadas sin supervisión, inspección ni, en muchos casos, cumplimiento de códigos específicos", denunció Casanova.

Una vecina del edificio derrumbado perdió su apartamento del segundo piso y afirmó haber salvado la vida únicamente porque estaba en una cita médica cuando ocurrió el terremoto. "Creemos que todos los que estaban en el segundo piso murieron", declaró a la agencia Reuters.

Los especialistas señalan que los proyectos de viviendas sociales se ejecutaron entre agencias estatales y contratistas de China, Turquía y Bielorrusia, con supervisión militar pero escasa transparencia pública y, a menudo, priorizando la velocidad sobre la calidad. Por su parte, el director del Colegio de Ingenieros de Venezuela indicó que muchos proyectos privados en la zona también colapsaron, posiblemente por la combinación de suelos débiles, años de deterioro y falta de control de calidad. Sugirió, por ejemplo, que los edificios más antiguos podrían no haber sido reforzados para resistir sismos después de que el gobierno actualizara los códigos tras el terremoto de 1967. “Se puede construir allí”, agregó Casanova a Reuters. “Pero hay que cumplir estrictamente con las normas, y teniendo en cuenta cómo el gobierno ha gestionado la construcción en las últimas dos décadas y media, tengo mis dudas en muchos casos”. Para Casanova, los constructores privados podrían haber aprovechado la falta de aplicación rigurosa de los códigos en edificios públicos para escatimar gastos y salirse con la suya. Ante el riesgo de que otros edificios sean vulnerables tras el terremoto, ingenieros civiles han ofrecido ayuda al gobierno para realizar controles sobre la solidez estructural y la seguridad de los complejos de viviendas sociales que aún están en pie. Hasta ahora, el Gobierno de Delcy Rodríguez solo se ha reunido con la principal asociación de ingenieros profesionales del país y, el domingo 28 de junio, anunció la creación de una comisión para inspeccionar las residencias y otras infraestructuras afectadas por los sismos. La presidenta interina indicó que ese grupo de trabajo —presidido por su hermano y presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez— estará integrado por instituciones públicas, organizaciones de ingenieros y universidades, que clasificarán con los colores verde, amarillo y rojo las condiciones de habitabilidad de las estructuras. El anuncio, no obstante, no especificó si se realizarán estudios para determinar si causas estructurales contribuyeron a los derrumbes de los edificios o si se inspeccionarán inmuebles que no hayan sido afectados por los movimientos telúricos para garantizar su estabilidad. Mientras se esperan las evaluaciones oficiales, un grupo de ingenieros voluntarios coordinados por la arquitecta e ingeniera civil Glennys González ya ha iniciado sus propios estudios, según informó a Reuters. Una primera revisión de los daños sugiere que en muchas viviendas no se respetaron las normas de construcción, aunque González precisó que se requieren análisis más profundos para entender por qué algunas estructuras resistieron el sismo y otras colapsaron por completo. El gobierno de Delcy Rodríguez, además, ha sido criticado por la lentitud en el despliegue de maquinaria pesada y equipos de búsqueda y rescate durante las horas críticas posteriores al terremoto. Esa demora generó imágenes desgarradoras: habitantes de las zonas afectadas, solos y utilizando únicamente sus manos, palas y cuerdas, intentaban encontrar a sus familiares en los primeros días después del desastre.

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