Un reporte del Fondo Monetario Internacional (FMI), elaborado tras reuniones con autoridades peruanas sobre la economía y las políticas vigentes, advierte que la minería ilegal en el país ha avanzado de forma acelerada. Según el documento, hasta 2018 esta actividad, aunque extendida, se mantenía relativamente “estable”. Sin embargo, entre ese año y 2024, la probabilidad media de que ocurra minería ilegal aumentó en 7.8 puntos porcentuales. De ese incremento, 4 puntos se registraron solo entre 2023 y 2024, coincidiendo con el inicio del boom en los precios del cobre y el oro.
El informe concluye que el crecimiento de esta actividad al margen de la ley ha sido generalizado y ya afecta al 56% de los distritos de todos los departamentos del Perú. Las zonas con mayor incidencia son la Amazonía y la Cordillera de los Andes. Por ello, el FMI advierte que “podría convertirse en un problema estructural arraigado”.
El reporte también señala que, si bien la extracción ilícita de oro es un fenómeno de larga data en Perú, se ha intensificado y extendido para incluir también al cobre, al punto que es una amenaza para la minería formal, y cada vez más lo es también para la producción cuprífera peruana. Hasta hace un año, según datos del Ministerio de Energía y Minas (Minem) y expertos del sector, los mineros informales e ilegales ya habían invadido áreas concesionadas donde diversas empresas desarrollaban proyectos de exploración y explotación de cobre. Estas zonas están ubicadas en los departamentos de Apurímac, Arequipa, Puno, Cusco y La Libertad.
Entre los proyectos afectados se encuentran Sulfobamba (de MMG), en la zona de Mina Las Bambas, así como proyectos de exploración de Southern Perú, First Quantum Minerals y Teck Resources.
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