En medio de la creciente violencia vinculada a la minería ilegal, que según denunció la empresa sigue afectando a diversas regiones del país, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) alzó la voz. Su presidenta, Julia Torreblanca, condenó el nuevo atentado e invocó al Gobierno de Perú a adoptar las medidas para encontrar y sancionar a los responsables de este suceso, en diálogo con Gestión.

Torreblanca también insistió en que ya no se deben dar mayores ampliaciones a la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y que este debe concluir el 31 de diciembre de este año, tal como lo establece la Ley 32537, promulgada a fines del año pasado. Diversas entidades, expertos y gremios empresariales han vinculado el avance de la minería informal e ilegal, así como los ataques a mineras formales, a la impunidad que otorga el Reinfo a los mineros ilegales.

Julia Torreblanca, presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) señala las expectativas del gremio minero energético sobre las inversiones en el sector.  Foto: SNMPE

Frente a ese contexto, la titular de la SNMPE subrayó que el próximo Congreso de la República tiene que priorizar el debate de la Ley de Pequeña Minería y de la Minería Artesanal, más conocida como la Ley MAPE. Esta iniciativa quedó pendiente de discusión en la Comisión de Energía y Minas del Parlamento durante la legislatura que acaba de culminar, y existen dudas de que se ponga sobre la mesa de la Comisión Permanente.

“Invocamos al Congreso a que pueda tener una Ley MAPE ágil, mucho más amigable para que los nuevos mineros [que se formalicen] la puedan utilizar”, aseveró Torreblanca en el marco del World Mining Congress 2026, que se realiza en Lima. La exhortación de la SNMPE se da en un momento en que la minería ilegal sigue generando violencia y afectando a las operaciones formales en el país.

SNMPE insiste en que no se debe ampliar el REINFO

La presidenta del gremio minero energético, Torreblanca, señaló que una de las prioridades del próximo Gobierno debe ser la simplificación de los procedimientos para la aprobación de licencias y permisos de operación de proyectos mineros. En esa línea, recordó que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) está revisando actualmente más de 400 procedimientos vinculados al sector. La expectativa, dijo, no solo es que se reduzca el número de permisos, sino también los plazos que toman para su evaluación. “Lo que necesita el país es que se concluya con la evaluación a tiempo para que el inversionista sepa a qué reglas se atiene”, enfatizó, ya sea que la respuesta del MEF sea positiva o negativa. A esto se suma la necesidad de asegurar que las normas que se otorguen estén orientadas a simplificar, no a generar nuevos requerimientos.

Paralelamente, Torreblanca subrayó que el Gobierno no debe esperar la aprobación de la Ley MAPE para facilitar que los pequeños mineros o los artesanales interesados en formalizarse puedan iniciar actividad. “La vigente Ley General de Minería brinda ya todos los pasos para empezar”, sostuvo. Recordó que, para operar legalmente, se requiere tener una concesión o, en su defecto, firmar un contrato con el titular de la concesión donde se desee trabajar. Sin cumplir esos requisitos, advirtió, todo lo que hagan resulta ilegal.

¿Y la Ventanilla Única Minera?

La dirigente empresarial advirtió que, a pesar de los anuncios de anteriores autoridades del Ministerio de Energía y Minas (Minem), nunca se llegó a implementar la denominada Ventanilla Única Digital del Sector Minería (VUD-Minem). Esta fue creada mediante el Decreto Supremo 016-2019-EM en septiembre del 2019, con el objetivo de reducir la tramitología, digitalizar procedimientos y mejorar la interoperabilidad entre entidades públicas. El Minem señalaba que su implementación culminaría el 2025, pero Torreblanca subrayó que “no existe ninguna ventanilla única hoy en día”.

La falta de esta plataforma multisectorial impide conectar a diversas entidades que otorgan permisos al sector, como el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace), la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), entre otras. En tal sentido, la dirigente consideró que el nuevo Gobierno tiene que asegurar que esa plataforma no solo sirva al Minem, sino que esté interconectada con todas las entidades mencionadas para que los permisos se aprueben a tiempo y sin bajar los estándares de su supervisión.

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Los retos del sector

Durante el World Mining Congress 2026, se destacó que uno de los desafíos que enfrenta el sector minero en sus zonas de operación es cómo resolver el acceso a recursos con los que van a operar, como por ejemplo el agua, con el riesgo de enfrentar a quienes se oponen al desarrollo de esa industria.

En el mismo foro, el exministro de Economía Luis Miguel Castilla, director ejecutivo del Videnza Institute, señaló que otro desafío para el sector minero es el acceso a la energía. Identificó al sur del país como una zona crítica, donde existen grandes reservas de mineral, pero faltan más líneas de transmisión para llevar electricidad. Aunque el Gobierno promueve concesiones, lograr compromisos de inversión resulta difícil. Castilla sostuvo que se necesita una planificación a gran escala por parte del Ejecutivo, con participación de la industria y la sociedad, que ofrezca una perspectiva de largo plazo y dé predictibilidad a las inversiones. No obstante, indicó que esos riesgos pueden convertirse en oportunidades mediante soluciones innovadoras y trabajo conjunto con el Gobierno. Por ejemplo, se podría permitir el tratamiento del agua del alcantarillado para su uso en la industria o para la irrigación de tierras agrícolas. Exministro de Economía, Luis Miguel Castilla, participó en el Word Mining Congress 2026
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Elías García

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