El futuro de la minería en el Perú debe decidirse con las comunidades y los trabajadores, priorizando la protección de los ecosistemas, concluyeron los participantes del foro social Las Otras Voces frente al Congreso Mundial de Minería, realizado el 23 de junio en Lima. En el evento, dirigentes comunales, trabajadores del sector y especialistas presentaron propuestas y demandas orientadas a transformar la cadena productiva minera, fortalecer la formalización y recuperar para el Estado una actividad que, advierten, estaría en gran parte capturada por economías ilegales. El foro se desarrolló como un espacio de diálogo alternativo frente al Congreso Mundial de Minería, que se celebró también en la capital peruana durante la última semana y donde empresas del sector se reunieron en mesas y exposiciones sobre el futuro de la actividad. En contraste, Las Otras Voces buscó poner en debate los daños ambientales causados por la minería, la situación laboral de los mineros de las grandes empresas y una nueva mirada sobre el rol de esta industria en el país. Uno de los temas centrales fue el impacto de la minería ilegal, que no solo es un problema ambiental sino de seguridad nacional. Según lo expuesto, algunos minerales como el oro extraído en el país tendrían origen informal o ilegal, una actividad que históricamente ha financiado grupos mafiosos y genera ingresos estimados en US$12.000 millones. Esta cifra la convierte en la economía ilegal más grande del Perú, por encima del narcotráfico, la trata de personas y la tala ilegal combinados. Además, equivale a más de 104 toneladas de oro de procedencia ilícita al año, igualando el volumen de las exportaciones formales. Frente a este panorama, la estrategia presentada en el foro apunta a consolidar una cadena de minería legal, trazable y competitiva. Los participantes coincidieron en que la protección de los ecosistemas y el diálogo con las comunidades y los trabajadores deben ser ejes centrales de cualquier decisión sobre el futuro minero del país. El foro social Las Otras Voces, organizado por CooperAcción y la Red Muqui, se realizó un día antes del inicio del Congreso Mundial de Minería, que tuvo lugar del 24 al 26 de junio. Este evento paralelo reunió a dirigentes sociales de Cusco, Apurímac, Puno, Junín, Áncash, Cajamarca y La Libertad, así como a representantes de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú (FNTMMSP). Foro Social. Foto: Red Muqui. Allí, expertos, académicos y representantes de organizaciones civiles analizaron el futuro de la minería, con la participación de las comunidades y los trabajadores de las operaciones mineras. Durante el debate, Gisselle V. Benites, investigadora de la Universidad de Cornell y del Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad (CEMS) de la Universidad del Pacífico, señaló que “existe una gran brecha entre la minería que realmente existe en el territorio y la minería que regula la ley”. Además, consideró que “el marco legal peruano está desfasado para enfrentar los nuevos retos de la minería informal y el avance del crimen alrededor de la minería”. En ese sentido, Benites destacó la importancia de reconocer que la heterogeneidad de las prácticas productivas en el territorio —minería formal, informal e ilegal— ha desbordado la mirada centrada en la gran minería. “El escenario va mucho más allá y se complejiza”, afirmó. Las conversaciones concluyeron con un llamado a un diálogo nacional sobre el rol de la minería en el país. Se planteó la necesidad de colocar en el centro del debate la protección de los derechos de las personas, de los ecosistemas y el bienestar colectivo, además de revisar la legislación actual para considerar los minerales estratégicos para la transición energética y la disputa geopolítica por el control de recursos. Diversas organizaciones sociales y sindicales señalaron que no se puede planificar el futuro de la minería sin definir una nueva gobernanza minera, que implica la participación efectiva de las comunidades, los pueblos indígenas y los trabajadores de las operaciones mineras. De esta forma, se hizo un llamado a un diálogo nacional que garantice que el futuro de la minería se decida con todos los actores involucrados, priorizando la protección de los ecosistemas y el bienestar colectivo.

En el foro se desarrollaron tres paneles temáticos: “Los nuevos minerales estratégicos y la disputa geopolítica por el control de recursos”; los desafíos de la Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE) en el Perú; y los desafíos para la gobernanza social y ambiental. En el primero, el ingeniero Pavel Aquino señaló que metales como el indio, telurio, galio y germanio son esenciales para fabricar baterías, paneles solares y semiconductores, pero que se exportan como parte de concentrados de cobre y zinc sin aparecer en ningún registro oficial del Estado peruano. “La legislación minera ha quedado desfasada por la realidad”, afirmó Aquino. Un estudio de CooperAcción, mediante análisis químicos, identificó la presencia de cobalto, níquel, selenio y otros minerales críticos en esos concentrados. Según las estimaciones presentadas, si el Perú recuperara y valorizara adecuadamente esos elementos, podría generar ingresos adicionales de cientos de millones de dólares al año.

Por su parte, Abel Gilvonio, director de CooperAcción, subrayó la necesidad de iniciar un debate sobre la Ley General de Minería, que data de la década de 1990 y ya ha quedado desfasada frente a desafíos como la minería informal o los nuevos minerales estratégicos. En esa línea, Lilian Oscco, secretaria ejecutiva de la Red Muqui, destacó que “este foro es una oportunidad para dialogar, compartir nuestras experiencias y generar propuestas colectivas” desde la población.

El segundo panel abordó la realidad de la MAPE. Contó con las exposiciones del Dr. Víctor Hugo Pachas, profesor de posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y gerente del Laboratorio de Economías de Pequeña Escala de Earth First; la Dra. Gisselle V. Benites, investigadora de la Universidad de Cornell y del Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad (CEMS) de la Universidad del Pacífico; y Neider Zárate, economista de la Alianza por la Minería Responsable. A lo largo de las intervenciones emergió una idea común: la realidad actual de la MAPE ha cambiado profundamente y las políticas públicas vigentes no han logrado adaptarse a esa transformación.

Durante el debate, el mayor consenso giró en torno a la necesidad de revisar el régimen de concesiones mineras. Miles de mineros de la MAPE operan en territorios donde los derechos pertenecen a terceros, lo que genera dependencia, conflictos constantes e incertidumbre jurídica. Mientras no se resuelva este problema estructural, resulta difícil avanzar hacia una formalización sostenible. En la tercera mesa del foro, se presentó el pronunciamiento elaborado por los líderes sociales. Yolanda Zurita, de la Plataforma por la Salud Ambiental y Humana de Junín; Estela Rojas, del Comité de Salud del puerto de Huarmey (Áncash); y Teófilo Manzaneda, de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú (FNTMMSP), leyeron el documento público de las organizaciones participantes en el Foro Social: Las Otras Voces frente al Congreso Mundial de Minería. El pronunciamiento fue entregado a la diputada electa Gianina Avendaño, quien resaltó las propuestas y demandas de las organizaciones y se comprometió a impulsar esta agenda. También participaron representantes de organizaciones sociales y comunidades campesinas afectadas por la minería en Cusco, Apurímac, Puno, Cajamarca y La Libertad. El documento será remitido al Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, entidad que organiza el Congreso Mundial de Minería; a instituciones del Estado; y a las autoridades electas del próximo Congreso.

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