El Congreso que se va en 2021 se despide con un bien merecido desprestigio, y una de sus principales causas es la Comisión de Ética Parlamentaria. Este organismo, que en teoría debía sancionar a los legisladores que cometieran actos reñidos con la moral o delitos que luego investigaría el Ministerio Público, se transformó en una “lavandería” bajo el infame lema de “otorongo no come otorongo”.

Allí llegaban casos gravísimos: “mochasueldos”, venta de votos, nombramientos indebidos, apropiaciones ilícitas, abusos, alabanzas a grupos criminales y loas a terroristas. La mayoría de estas denuncias fueron pasadas por agua tibia, para indignación de la gente que ha visto cómo los legisladores se blindaban entre sí a cambio de quién sabe qué.

Esto no puede repetirse en el nuevo Congreso bicameral. La Comisión de Ética tal como la conocemos debería desaparecer y dar paso a mecanismos efectivos, honestos y oportunos para sancionar a los sinvergüenzas y delincuentes que lamentablemente solemos elegir cada cinco años. Si los senadores y diputados que acaban de recibir sus credenciales no trabajan desde el inicio para cortar la cabeza de una vez a quienes violen la ética, la Constitución y el Código Penal —y merezcan incluso cárcel—, después no se quejen cuando la gente les exprese su repudio en las calles.

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