Esta percepción ha influido en debates territoriales, decisiones políticas y conflictos sociales. Sin embargo, la ausencia de evidencia sistemática ha permitido que el diagnóstico se mantenga más por intuición que por datos.
Videnza Instituto realizó un estudio econométrico para los 1,891 distritos del país con el objetivo de analizar el efecto de la minería en el desarrollo territorial según el nivel de formalidad o informalidad de esta actividad en cada distrito.
Para cumplir con el objetivo se desarrolló una clasificación distrital basada en cuatro puntos: el área concesionada y tipo de titular (MAPE o mediana/gran minería); presencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) vigentes, excluidos y en concesiones extintas; canon minero devengado; y producción declarada al Ministerio de Energía y Minas (Minem).
Usando estas variables, la clasificación final agrupa los distritos en cinco categorías: no minero (991 distritos), minería formal (85), predominio formal (214), coexistencia (380) y predominio informal (221). Un distrito clasificado como de coexistencia es aquel donde confluyen, dentro del mismo territorio, actividades mineras formales e informales en proporciones relevantes, sin que ninguna predomine claramente. Estos distritos presentan alta presencia del Reinfo, pero también concesiones formalizadas; actividad minera activa, pero heterogénea en niveles de cumplimiento ambiental, laboral y tributario; y competencia por recursos, conflictos por superposición, y espacios donde el Estado regula parcialmente pero no logra controlar la informalidad.
Un estudio del Videnza Instituto, que analizó los 1,891 distritos del país, revela que la minería informal ha alterado la trayectoria del desarrollo local. Mientras que en 2019 no había diferencias sustantivas en el Índice de Desarrollo Humano (IDH) —estimado por el PNUD— entre distritos formales, informales o de coexistencia, la situación cambió drásticamente para 2024. Tras la pandemia, el control estatal se relajó y la actividad no formal se intensificó.
Los resultados muestran que los distritos donde la informalidad minera ha ganado terreno —especialmente aquellos donde coexisten operaciones formales e informales— presentan hoy niveles de IDH inferiores a los de zonas sin minería o con predominio formal. En 2019, los distritos mineros formales y no mineros tenían 52.15 y 52.95 puntos en el IDH (en una escala de 0 a 100), respectivamente. En contraste, los de predominio informal y coexistencia alcanzaban 51.57 y 50.98 puntos.
Para 2024, la mejora fue dispar. Los distritos formales y no mineros aumentaron su IDH en 2.36% y 1.65%, respectivamente, mientras que los informales y de coexistencia evolucionaron más lentamente, quedando rezagados. Esta brecha no solo es estadísticamente significativa, sino que se amplía en departamentos con mayor presencia de minería ilegal, donde incluso se registran caídas acumuladas del IDH en el quinquenio analizado.
La noción de que la minería informal impulsa el desarrollo territorial carece de respaldo empírico. Por el contrario, los datos revelan indicios de efectos regresivos en las zonas donde su presencia se ha intensificado. Las regresiones econométricas confirman este deterioro: en 2024, los distritos clasificados como de coexistencia presentan un Índice de Desarrollo Humano (IDH) menor que los distritos no mineros, incluso después de controlar por condiciones históricas de desarrollo, altitud y variables socioeconómicas. Este comportamiento contrasta con 2019, cuando la informalidad no tenía un peso tan marcado y la coexistencia no representaba una desventaja.
La situación se agrava en los distritos que no reportan producción minera declarada ante el Ministerio de Energía y Minas (Minem), pero sí concentran Reinfo, un patrón identificable como indicio de minería ilegal. Estos territorios registran niveles de desarrollo más bajos, lo que sugiere que la expansión de actividades al margen de la regulación no solo no impulsa el bienestar, sino que puede frenarlo. Investigaciones recientes muestran que la minería en pequeña escala tiende a expandirse en territorios con instituciones débiles y marcos legales que no ofrecen rutas de formalización realistas. Tal es el caso descrito por Tingini y Eniowo (2025), quienes explican que la persistencia de la informalidad se sostiene en marcos regulatorios inadecuados, altos costos administrativos y una capacidad estatal insuficiente para supervisar y regular operaciones dispersas.
La evidencia comparada respalda que la minería informal no actúa como un sustituto eficaz de la actividad formal ni constituye, por sí sola, una vía para dinamizar el desarrollo local. Según Hilson y Maconachie (2017), la minería de pequeña escala informal desarrolla una dinámica propia al margen del Estado, trayendo consigo degradación ambiental, informalidad laboral y un aprovechamiento desigual de los beneficios económicos. Esta debilidad institucional crea un espacio donde las actividades informales se convierten en la regla y no en la excepción, generando circuitos económicos de baja productividad y altos costos sociales.
La literatura señala que este tipo de extractivismo desregulado produce “territorios de baja gobernabilidad”, donde las políticas públicas pierden eficacia y la presencia del Estado se fragmenta en favor de arreglos informales que perpetúan desigualdades. Además, la informalidad minera tiende a desplazar la inversión pública efectiva: al saturar la capacidad estatal con conflictos socioambientales, problemas de seguridad y deterioro de infraestructura, los gobiernos regionales pierden margen operativo para financiar bienes públicos esenciales. En conjunto, estas investigaciones respaldan la conclusión central del estudio nacional: la minería informal no es un sustituto eficaz de la formal ni una vía para dinamizar el desarrollo local.
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