La recién promulgada Ley N° 32561, que modifica el régimen de pensiones del personal militar y policial, representaría un severo golpe para las finanzas públicas del país. Según el Consejo Fiscal, el costo fiscal neto de esta norma —impulsada por el Congreso y validada por el Ejecutivo— ascendería a S/ 46,000 millones en valor presente, una cifra estimada de manera conservadora.

Esta proyección parte de un escenario en el que el sistema previsional militar-policial ya demanda significativos recursos al Estado. En una simulación con un horizonte de 50 años, los primeros períodos —aún sin aplicar la nueva ley— mostrarían un costo fiscal de alrededor de S/ 5,000 millones anuales. Sin embargo, a partir del año 20, los costos comenzarían a crecer de forma progresiva.

Hacia el año 50, “los costos totales de ambos regímenes [solo del DL 1133 (actual y vigente desde 2013) y del 19846 (del 2012 hacia atrás)] crecerían hasta S/ 18,000 millones por año (aproximadamente 0.16% del PBI estimado para dicho año)”, advierte el organismo. Así, la demanda de recursos del Tesoro Público se incrementaría en miles de millones de soles adicionales cada año, afectando la sostenibilidad fiscal del país.

El Consejo Fiscal detalló que el costo fiscal neto estimado en S/ 46,000 millones anuales surge de comparar un escenario “con Ley” frente a uno “sin Ley”. Este monto refleja, según el organismo, “el incremento se explica, principalmente, por el mayor gasto en la planilla de pensiones (S/ 38,900 millones) y por los mayores aportes del Estado (S/ 14,400 millones), efectos que serían marginalmente compensados por el aumento de los aportes del personal militar y policial activo (S/ 7,200 mil millones)”.

“El valor presente de esos flujos ascendería a S/ 179,000 millones”, complementaron. El informe advierte que este costo fiscal evidencia un “significativo y creciente desbalance” entre los beneficios previsionales que reconoce la Ley y los aportes previstos para financiarlos. En esa línea, precisaron que, “considerando los beneficios del DL 1133 modificado por la Ley 32561, se requeriría una tasa de aporte de 42% de las remuneraciones para que el sistema sea autosostenible; es decir, para que el valor presente de los aportes sea equivalente al valor presente de los pagos de beneficios”.

Actualmente, la tasa de aporte del afiliado es de 15% de sus remuneraciones, por lo que “los beneficios reconocidos por la Ley equivaldrían a casi tres veces lo que podría financiarse con dicho aporte”, señalaron desde el Consejo Fiscal.

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