El abogado personal del presidente José María Balcázar, Odar Jimmy Cornejo Custodio, fue contratado por el Despacho Presidencial mediante una orden de servicio por S/30 mil para asesorar a la Oficina General de Asesoría Jurídica durante 90 días, mientras al mismo tiempo continuaba ejerciendo la defensa privada del mandatario en el juicio oral que afronta por la presunta apropiación ilícita de fondos del Colegio de Abogados de Lambayeque.

Según reveló Cuarto Poder, el contrato estuvo vigente del 26 de marzo al 26 de junio, apenas un mes después de que Balcázar asumiera la Presidencia. Durante ese periodo, el 16 de junio, Cornejo participó de manera virtual en la primera audiencia del proceso penal que enfrenta el jefe de Estado por los hechos ocurridos cuando fue decano de dicha institución.

Fuente: Cuarto Poder.

Especialistas en contrataciones públicas advirtieron que el caso configura un posible conflicto de intereses, y cuestionaron que el objeto del contrato sea impreciso, al no permitir conocer con claridad cuál fue el servicio que debía prestar el abogado en Palacio de Gobierno. José Antonio Trelles sostuvo que la descripción del servicio contratado no resulta suficiente para justificar la contratación, y advirtió que existe la posibilidad de que el contrato haya servido para financiar asesoría directa al presidente con recursos públicos.

“Podría haber sido la asistencia o la asesoría legal directa al presidente y el pago de ese servicio a través de una orden de servicio”, comentó.

La abogada Cecilia Ruiz calificó la situación como irregular. “Estamos ante una situación irregular. Hay un conflicto de interés real en este caso”, sostuvo, señalando incompatibilidades en el vínculo entre el presidente José María Balcázar y su abogado personal, Odar Cornejo, quien fue contratado en el Despacho Presidencial. Cornejo, por su parte, negó cualquier conflicto y afirmó que ninguna cláusula de su contrato le impedía ejercer la defensa legal de clientes particulares, incluido el mandatario. Sin embargo, evitó pronunciarse sobre los procesos judiciales de Balcázar y señaló que “no tenía la autorización del Presidente de la República para declarar sobre los procesos judiciales en los que asesora”. Durante la vigencia del contrato de Cornejo, su sobrino Diego Cornejo Cachay, de 24 años y con un año de titulado como abogado, fue designado subprefecto de Chiclayo. El nombramiento fue oficializado el 12 de mayo con la firma del presidente Balcázar. Especialistas cuestionaron esa designación por la escasa experiencia del funcionario. José Antonio Trelles sostuvo que con este tipo de nombramientos “se evita el concurso de las capacidades con otros profesionales que puedan acceder a estas funciones públicas de una manera competitiva”. La relación entre Balcázar y Cornejo se inició cuando el primero era decano del Colegio de Abogados de Lambayeque y el segundo ocupaba la gerencia general de esa institución. Más adelante, cuando Balcázar llegó al Congreso en 2021, lo contrató como asesor parlamentario, cargo que ocupó hasta 2025 mediante sucesivas renovaciones. El Despacho Presidencial fue consultado sobre el contrato otorgado al abogado del mandatario, pero no emitió una respuesta oficial. Fuente: Cuarto Poder.

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